Esta semana, el ente emitió
su informe final de investigación especial, en el que da plazo para que la
insititución dependiente del municipio subsane una serie de observaciones
relacionadas con la contratación de Asistencias Técnicas Educativas (ATE)
realizadas entre 2012 y 2013.
Entre los hallazgos más
complejos, está el pago de la contratación de dichas asesorías con fondos de la
Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), algo que la entidad fiscalizadora
consideró improcedente: por ello, se remitieron los hallazgos a la Procuraduría
Fiscal de Punta Arenas y a la Fiscalía Regional de Magallanes.
No obstante, la denuncia
anónima tenía más puntos, sobre los cuales Contraloría prefirió no emitir un
pronunciamiento.
Entre ellos, está una
solicitud de investigar la influencia del ex jefe de Planificación de la
corporación, Gonzalo Pumarino Vargas, y el ex candidato a diputado, Domingo
Rubilar Ruiz, en la designación de directores de establecimientos educacionales
dependientes de la Cormupa.
De acuerdo con la denuncia,
sería Pumarino -quien fue desvinculado de la institución a mediados del año
pasado, en medio de los cuestionamientos por la contratación de ATE- quien
habría pedido a los directores de dichos colegios que firmaran los contratos
con Chileduc, que fueron revisados por Contraloría y sobre los cuales se
encontraron irregularidades.
La denuncia ante el ente
fiscalizador habla de cheques girados por la Cormupa por concepto de ATE al
proveedor Chileduc, los cuales iban sin nombre o portador, sin que se conociera
quién cobró los documentos.
El financiamiento de las
campañas políticas de Rubilar y del propio Boccazzi también es cuestionado por
los denunciantes. Según ellos, la compra de equipamiento con valores más altos
que los de mercado a la Corporación Municipal y la desviación de fondos desde
el contrato de la recolección de residuos domiciliarios -que opera Servitrans
S.A.- habría tenido por objetivo el financiamiento de dichas campañas.
Sobre todo ello, la
Contraloría se declaró incompetente, especialmente debido al carácter de
institución de derecho privado de la Cormupa. No obstante, sobre el presunto
desvío de dineros para campañas, la entidad de fiscalización sostuvo que “este
aspecto se considerará para un próximo proceso
de fiscalización que se realice en la Municipalidad de Punta Arenas”.