A
inicios de este mes, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la
Comisión Mixta respecto al proyecto de ley que reforma al Servicio
Nacional de Menores (Sename) y crea el nuevo Servicio de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia, la iniciativa que fue
despachada con una polémica indicación establecida por algunos
parlamentarios, la que condiciona su entrada en vigencia hasta que se
apruebe el proyecto que establece el Sistema de Garantías y Protección
Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que actualmente se
encuentra finalizando su segundo trámite.
Pese
a lo anterior, el director regional del Sename, Mario Miranda, valoró
los avances que ha tenido esta iniciativa para la creación del nuevo
servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, y que estará sometido a la supervigilancia y
fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de
Desarrollo Social.
“Es
un avance sin duda, ya que se lleva años esperando por la tramitación
de este proyecto para que de una vez por todas se pueda separar la
intervención especializada a nivel proteccional de lo que es la
reinserción juvenil. Las observaciones que se hicieron en la Comisión
Mixta y que están por resolverse, las cuales apuntan a mejorar el
trabajo que realizamos como servicio en particular”, precisó.
Respecto
al condicionante que implica la aprobación del proyecto de Sistema de
Garantías, Miranda indicó que “ojalá que eso no implique retrasar la
puesta en marcha del servicio, porque ya llevamos muchos años esperando
su implementación, pero ya estamos en la etapa final y espero que
prontamente se pueda resolver, pero sin duda la sola aprobación del
servicio implicará separar dependencias y presupuestos, lo que es un
tremendo avance para la protección de la infancia y estamos esperando
que se pueda implementar para poder focalizar de mejor manera el
trabajo”.
Consultado
en torno a cómo se encuentra preparada hoy la Región de Magallanes para
la separación del Sename, el director local aseguró que si todo sigue
avanzando como se espera y la ley se aprueba, vendrá un año de vacancia
que es cuando se realizará los respectivos ajustes. En ese contexto y
ante tal escenario, adelantó que “sin duda vamos a tener que aumentar
dotación, porque no nos es posible poner en marcha dos nuevos servicios
con la cantidad de gente que hoy tenemos”.
“El
fuerte del trabajo en la región es más del 90 por ciento es a nivel
proteccional, el resto es justicia juvenil. Atendemos alrededor de 1.400
a 1.500 niños en la red proteccional y cerca de 70 jóvenes en justicia
juvenil, por lo tanto, el gran desafío es poder crecer en proporción y
aumentar la dotación prácticamente al doble”, puntualizó.