Fue
una reunión incómoda. Habían pasado cosas, al menos, inentedibles.
Sergio Reyes Tapia, el titular de la Secretaría Regional Ministerial
(Seremi) de Bienes Nacionales, podía haber sido objeto de miradas, sino
susurros. ¿De dónde había sacado que en el campamento, o mejor dicho en
la toma tras la población Raúl Silva Henríquez se iba a levantar un
Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), si a unos
pocos metros estaba el Eleam Cristina Calderón?
Algunas
miradas fueron a Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social; otras
apuntaron a Marco Uribe, de Vivienda y Urbanismo. Ninguno tenía idea de
nada. El piso que sostenía a Reyes en ese momento era algo que había
escuchado en la Gobernación Regional. Pero sus explicaciones llegaban
cuando el tablero ya había sido desordenado. Era muy tarde: había
anunciado un desalojo del que después se retractó, con fiscalizaciones
severamente cuestionadas al terreno que fueron luego refutadas por la
Delegación Presidencial Regional.
La
pregunta fue quizás sobre un error con racimo que golpeó a los pares de
Reyes en el gabinete, en la Delegación, pero por sobre todo en las
familias que allí viven y de las que, al parecer, él nunca supo.
La citación
Al
que le habían avisado del desalojo había sido a un medio de
comunicación local. Pero en cuanto supo el seremi (él, de profesión
periodista, Ph. D. en Comunicaciones, exeditor general de Prensa de
Radio Nuevo Mundo, de propiedad del Partido Comunista, su casa
política), dijo: “Bueno, ¿si vienen, por qué no decirle a los otros
medios?”.
Entonces
se hizo la citación al punto de prensa. Se iba a dar cuenta del cierre
perimetral del terreno fiscal, que era ocupado ilegalmente. Tres mil
metros cuadrados del Estado, cuyo fin no estaba definido aún.
En
rigor, lo que dijo el seremi fue: “Hemos iniciado el cierre perimetral
del terreno fiscal (…), que va a concluir el día viernes, y este
viernes va a ser el desalojo de los vecinos que están acá. Ya se ha
conversado con ellos, se le ha señalado que el viernes habrá un
desalojo, se le entregaron las recomendaciones de la Delegación
Presidencial para optar a un subsidio (…), estamos en septiembre y
estaban pidiendo hasta diciembre”.
La notificación
Pero
había algo más: la notificación de los residentes de la ocupación
ilegal había llegado a principios de 2024; el desalojo debía
concretarse, como fecha tope, en mayo pasado. Se postergó para que el
propio seremi Sergio Reyes hiciera una fiscalización y diera cuenta de
que, en efecto, no había nadie viviendo allí. En otras palabras, él o su
equipo debían ir al lugar, buscar que no hubiera moradores en cada una
de las viviendas (o de haberlos, que estuvieran prontos a salir de allí)
y entonces comenzar el desalojo.
Otra
vez le preguntaron desde la Delegación a Reyes si había alguien
viviendo allí. Él aseguró que nadie, o al menos uno, y que el resto de
las edificaciones precarias (estaban allí, se veían, eran evidentes e
innegables) eran fachadas. Que estaban desocupadas.
Cuando
fue el equipo de la Delegación a comprobar si efectivamente el
escenario era como lo había descrito Reyes, de una chimenea salía humo.
Después se supo que eran entre tres a cuatro familias, con niños
incluidos, los que todavía seguían en el lugar.
En
otra nota de prensa, Reyes aseguró que los que vivían eran en su
mayoría venezolanos. Fue una advertencia también para el Servicio de
Migraciones, que llegaron a la Delegación a preguntar si era tal la
información. Pero no, su nacionalidad, la de la mayoría de los que
habitaban todavía el lugar, era colombiana.
Fuentes
precisan que no es la primera vez que el comunista toma decisiones con
una coordinación, al menos, desprolija. Pero su continuidad estaría
influida por dos factores: primero, porque el PC no tendría un nombre
para sucederlo (su antecesora, Gloria Aravena, era arquitecta de
profesión, no militante, pero cercana al partido, y es un cupo que les
corresponde a ellos); pero más importante aún, por su cercanía con Juan
Andrés Lagos, exasesor de Interior y uno de los nombres históricos al
interior de la colectividad, y con las cúpulas del PC que participan
activamente de la Radio Nuevo Mundo.
Gobierno
El
delegado presidencial regional, José Ruiz, explicó el trabajo que hasta
ahora han hecho con la toma detrás de la Silva Henríquez. Al respecto,
señaló que “como Gobierno, hemos estado trabajando en ese sector en una
mesa con la junta de vecinos. Ha participado la Seremía de Bienes
Nacionales, Salud, Obras Públicas, porque entre otras cosas está cerca
la toma donde probablemente vamos a tomar algunas medidas. Y dentro de
ese marco de la mesa es que uno de los compromisos que se generaron
acerca de la situación de la toma que se encuentra en el terreno, y lo
que ocurrió la semana pasada, fue la notificación de Bienes Nacionales y
da cuenta que el desalojo en algún momento va a ir”.
Sobre
el desalojo mismo, precisó que “por el carácter que tiene, no se
anunciará con fecha y hora públicamente. Sí va a ocurrir, una vez que
estén todos los servicios públicos, municipalidad incluida, coordinadas
para realizar tal acción”.
Seremi de Gobierno
En
el aspecto más político, el seremi de la Secretaría General de
Gobierno, Andro Mimica, apuntó a que “como Gobierno, apoyamos la
recuperación de los espacios públicos y avanzamos en forma coordinada en
cada uno de los sectores. Lo han visto con los anuncios de los
distintos parques que estamos realizando y donde hay muchos servicios y
varias seremías involucradas. Eso se hace de forma coordinada”.
“Que
podamos recuperar lugares que estaban tomados, que son de Bienes
Nacionales, de todas las chilenas y chilenos, y se pongan a disposición
para fines de infraestructura pública o de necesidades que tengamos las y
los magallánicos, es de total justicia. En ese sentido, apoyamos la
decisión de recuperar los espacios que están en toma”, precisó luego.
Respecto
del comportamiento mismo de su par de Bienes Nacionales, fue enfático:
“Esos espacios en toma, para poder recuperarlos, siempre tiene que
hacerse con mayor coordinación y con total pulcritud, cosa que,
lamentablemente en esta última pasada ha faltado por parte de la
autoridad o ministerio competente, que es Bienes Nacionales”.