El
nuevo convenio de Programación 2021-2027 entre el Gobierno Regional y
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobado recientemente por el
CORE, no ha estado exento de polémicas. Uno de los puntos más
inexplicables es que desde ahora, las personas que quieran acceder a un
subsidio de DS-49, que corresponde a personas con menores ingresos,
deberán tener una antigüedad de ahorros de tres años como mínimo, no los
12 meses, como estaba contemplado antes.
Además,
establece que chilenos que quieran acceder al subsidio tengan al menos 4
años de residencia, mientras que extranjeros sólo deben tener 2 años.
También hace mención a que las vías de acceso, puedan tener solo 6 metros de ancho.
El
lunes 11 agrupaciones de viviendas de Punta Arenas presentaron un
recurso de protección contra el gobernador Jorge Flies y el Gobierno
Regional por vulneración, ilegalidad y arbitrariedad de la aprobación
del nuevo reglamento que solo operará en la Región de Magallanes.
El
diputado Christian Matheson dijo: “Lamento que para el Gobierno existan
ciudadanos de primera y segunda categoría. Me parece incomprensible que
se perjudique de esta forma a miles de magallánicos que llevan años
esperando una vivienda propia, que se alargue de forma inexplicable el
periodo de ahorro con el nivel de descalabro en materia de viviendas
sociales que existe en nuestro país y región; menos se entiende por qué
se discrimina a nuestros compatriotas en relación a los años de
residencia; y por último, que se reduzca la calidad urbanística
disminuyendo el ancho de las calles de acceso a la vivienda, lo que
imposibilitará el desplazamiento principalmente de ambulancias y carro
bombas. Todo lo anterior constituye un desprecio hacia quienes más
necesitan”.
“Aquí
nuevamente estamos siendo espectadores de un grave error del Gobierno y
no podemos permitir que esto siga ocurriendo, por esto solicitaremos se
cite al ministro (de Vivienda) Carlos Montes para que explique cuáles
son los reales beneficios de este convenio y reglamento, que fuera
redactado en conjunto por la Seremi de Vivienda, el Serviu y el Gobierno
Regional y que se pretende esté vigente hasta 2027, porque lo que
nosotros vemos es sólo que perjudica a muchos magallánicos”, agregó.
El
parlamentario continuó señalando que “aquí no existe afán de
revanchismo ni de obtener rédito político, nuestro objetivo es que los
magallánicos puedan tener una política de vivienda social digna y que
equiparemos la cancha, pero como corresponde, no perjudicando
deliberadamente a tantos ciudadanos”, finalizó.