La
propuesta de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista de
generar una amnistía para las personas presas a raíz del estallido
social, desató controversia a nivel regional. Para algunos el reciente
triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito sobre reforma a la
Constitución es el resultado de un proceso que comenzó con las protestas
en el contexto del estallido social, desde el mes de octubre de 2019
hasta inicios de este año, donde la ciudadanía salió en masa a las
calles a manifestar su gran descontento por diversas situaciones
sociales que los afectaban.
Aparejado
con ello, se evidenciaron innumerables episodios de violencia
inusitada, registrándose desmanes en casi todas las regiones del país,
con cuantiosos daños y detrimento a la propiedad pública y privada, y
donde Magallanes no fue la excepción, siendo testigos de los incendios a
las oficinas de la AFP Habitat y a la sucursal de la empresa telefónica
Claro, reiterados apedreos contra la Fiscalía Regional, la destrucción
de la infraestructura del BancoEstado, entre muchos otros sucesos.
El
resultado de algunos de estos actos y de la labor investigativa arrojó
cientos de personas detenidas por las policías, consiguiendo llevar a
juicio –hasta entonces- a un ciudadano de nacionalidad colombiana y a un
joven estudiante de la Universidad de Magallanes, como autores de los
ilícitos más graves.
Sin
embargo, a nivel nacional surgió un proyecto de ley que pretende
amnistiar a los denominados “presos de la revuelta”, que ha sido
levantado por la bancada del Partido Comunista y de un sector del Frente
Amplio.
Consultado
al respecto, el abogado Claudio Morán criticó enfáticamente esta
iniciativa, calificando a las personas que fueron arrestadas y que están
enfrentando un proceso penal como consecuencia del estallido social
como “terroristas”.
“No puede haber impunidad”
“Se está tratando de validar los actos revolucionarios y de
construcción institucional, pero ahora se trata de amnistiar a los
terroristas, porque fueron un montón de actos terroristas y no sólo de
delitos comunes. Esto se trata de borrar los delitos que se cometieron, y
eso me parece una brutalidad, y me temo que una vez más el Gobierno va a
ceder. No puede haber impunidad, y ¿a título de qué?”, comentó.
En
este sentido, expresó que “en Chile no existe el estallido social, en
Chile existe una revolución política en progreso. Para mí el plebiscito
no fue válido, porque fue un intento de blanqueo de la situación que
ocurrió en octubre y noviembre de 2019, y es el único lugar del mundo
donde se votó una doble opción, mientras que en todos los plebiscitos
son en una sola papeleta, es sí o es no”.
“Es definitivamente una decisión política”
Por
el contrario, la abogada coordinadora de Defensa Popular, María Rivera,
explicó que la amnistía “es definitivamente una decisión política”,
precisando que de llevarse a cabo, “el proceso debe estar acompañado de
importantes negociaciones, tal como se ha realizado en la historia, en
que se han firmado acuerdos de paz, como lo fue por ejemplo España
después de la Guerra Civil”.
En ese contexto, aseveró que “es importante seguir organizando la presión política para conseguir este importante
paso. Las personas que estén en esta mesa deben tener la avidez
suficiente para saber qué se puede o se debe aceptar en esta
‘negociación’”.
Finalmente,
sostuvo que en este caso se debe considerar que los delitos de lesa
humanidad son inamnistiables, pero hasta ahora no ha habido personas
condenadas por ese tipo de ilícitos desde el 18 de octubre de 2019.
“Creemos que es la única forma que hay para sacar de la cárcel a quienes
ayudaron a lograr este proceso Constituyente”, puntualizó.