El próximo martes 1 de marzo entra en vigencia en Chile la Ley 20.845 de Inclusión Escolar. Con ella se promueve el principio de no discriminación arbitraria, inclusión y el principio de gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados que reciben aportes permanentes del Estado.
El seremi de Educación (s), Francio Meneses, explicó ayer junto a la abogada Claudia Araya los alcances de esta normativa en la Mañana de Pingüino Radio. “Todos queremos que a nuestros niños y jóvenes les vaya bien y que tengan las posibilidades de futuro que se merecen y bajo ese prisma lo que viene a cambiar la Ley de Inclusión es el paradigma donde la educación pasa de ser un bien de consumo a un derecho social. Lo que la normativa implementada por el Gobierno establece es que no se puede seleccionar, no se puede lucrar en los colegios, que todos los niños tienen las mismas posibilidades de admisión y que se va a poner fin al copago”.
Consultado respecto de cómo se va a verificar que el sostenedor efectivamente no va a cobrar, la autoridad de educación indicó: “Cuando pasa eso generalmente los padres y apoderados son los primeros en dar la alarma, a parte siempre está la opción de acercarse a la Superintendencia de Educación a hacer la denuncia pertinente. Ahora seguramente los centros de padres y apoderados dentro de los establecimientos educacionales van a pedir algún aporte voluntario. Los colegio que pasaron a gratuidad no debieran pedir dinero, independientemente que el director diga la selección de nuestro colegio va a jugar en tal lado necesitamos el apoyo de ustedes y uno puede aportar, pero no es obligación. Lo importante es que a ningún niño puede negársele el ingreso a alguna actividad programática o extraprogramática por temas de dinero”.
Araya explicó que los colegios que estén con Financiamiento Compartido éste ira reduciéndose paulatinamente así lo dispone la ley. “El objetivo de la gratuidad era ojalá llegar al 100%, pero tenemos que respetar a los colegios particulares subvencionados que han decidido todavía no pasar a gratuidad por conveniencia económica porque también con ese dinero sustentan su proyecto educativo, por eso como Secretaría de Educación nos hemos dedicado también a conversar con los apoderados e informales que aquellos colegios que tienen Financiamiento Compartido ellos tienen que cancelar una mensualidad salvo que el alumno tenga problemas socioeconómicos y eso también lo sabemos porque existe una plataforma donde se ingresa el RUT y se sabe si el niño es prioritario o preferente. En los colegios que haya Subvención Escolar Preferente (SEP) es donde los alumnos no van a cancelar”, precisó,
Asimismo indicó la abogada, que el Ministerio de Educación hizo una operación y congeló el Financiamiento Compartido al 1 de agosto de 2015 y ese Ficom es el que se va a cobrar actualizado en la bolsa a 1 de marzo de 2016, “entonces el apoderado va a pagar lo mismo que pago en 2015 en 2016 pero actualizado en UF en marzo. Ya el sostenedor no puede decir este años pagamos $ 27.000 el próximo será 35 ya que sólo se va a reajustar de acuerdo a la variación de la UF. Se va a llegar a la gratuidad en la medida que vayan pasando los años. En la medida que el Gobierno vaya aportando con la subvención regular, tiene que ir bajando el copago que tengan los padres ya apoderados”, indicó.
La entrada en vigencia de la Ley 20.845 también generará cambios en otras leyes como la de Subvención Escolar Preferencial.
Esta nueva normativa señala que todos los recursos que reciba un sostenedor deben destinarse únicamente para fines educativos (descritos en la ley), impidiendo las operaciones entre partes relacionadas. Además se crea la subvención preferencial para alumnos preferentes, siendo estos los pertenecientes al tercer y cuarto quintil, cuyo monto equivale a la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios (SEP actual). Además se aumenta el valor de la subvención y aportes que reciben los alumnos de la Ley de Subvención Escolar Preferente en un 20%.
La nueva norma también amplía las atribuciones de la Superintendencia de Educación Escolar, por ejemplo, deberá mantener un registro de todas las cuentas bancarias en el que consten los ingresos que se destinen al cumplimiento de los fines en los establecimientos educacionales.
Finalmente, la Ley de Inclusión instala un nuevo proceso de admisión por el cual los padres, madres o apoderados serán quienes decidan el establecimiento donde estudien sus hijos o pupilos y no al revés. “Este nuevo sistema de admisión lo que asegura es la transparencia y la objetividad de la postulación y Magallanes es región piloto. El sostenedor va a tener que informar en una plataforma cuántos cupos totales tiene por curso y por nivel y cuántos cupos disponibles o vacantes se van a generar. La idea es que exista una plataforma virtual donde esté la información de todos los colegios previo al proceso de admisión”, sentenció Araya.