La Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino denunció públicamente ayer, que la postergación de los beneficios de la Ley Navarino “amenaza la continuidad de numerosas empresas en la zona”.
El presidente de la asociación, Mauricio Inostroza, declaró que “son cerca de 1.500 trabajadores directos los que se desempeñan en empresas acogidas a la Ley Navarino. De este total, aproximadamente 750 personas trabajan en nueve plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, pertenecientes a la Asociación de Industriales y perciben una renta promedio mensual superior al resto de la región”.
Agregó que “la postergación artificial y a toda costa del pago del beneficio del 20%, ya estaría generando un riesgo financiero para la continuidad de algunas de las empresas asociadas a este gremio. En efecto, frente al acto formal de presentar una solicitud de bonificación a la Tesorería Regional como señala el procedimiento, este organismo rechaza dicha presentación, requiriendo una serie de informes como, por ejemplo, a Sernapesca, SII y Capitanías de Puerto. Somos claros y enfáticos en señalar que no hay ningún inconveniente con esta fiscalización, salvo que el tiempo de pago de una bonificación supera el año calendario. Esto nos parece inaceptable”.
Fernando Carmona, dirigente de la pesca artesanal, enfatizó que “si esto no se resuelve pronto podría generar una crisis de proporciones. Acá estamos hablando de cientos de pescadores que podrían verse afectados”.
Gobierno
El seremi de Hacienda, Christian García, respondió que “el Fisco no puede pagar bonificaciones si no están cumplidos los requisitos para ello y aquí tenemos empresarios que tardan hasta dos meses en presentar la documentación respectiva”.
García acusó una campaña del terror por parte de los empresarios, tras detectarse una serie de irregularidades e incluso delitos tributarios, por mal uso de estos beneficios. “Aquí no hay ninguna actuación arbitraria, pues el actuar de las autoridades ha sido respaldado por la Corte de Apelaciones y la Contraloría”, dijo.
En este sentido, García cuestionó que “hay muchas incongruencias en las declaraciones de esta asociación, pues aseguran que hay 3.500 puestos de trabajo en peligro y en Tierra del Fuego no hay más de 7 mil habitantes”.