Los cuestionamientos de los oferentes que ponen en jaque la nueva licitación municipal de la basura

El 15 de diciembre se cerró el plazo para que las empresas interesadas en participar en la nueva licitación de recolección de la basura y limpieza de calles en Punta Arenas, realizaran preguntas utilizando la plataforma de Mercado Público; fueron 152 y develan el malestar que existe entre los oferentes por la redacción de las bases,  de lo que se avizora como un nuevo conflicto en la actual administración municipal.
Trascendió que hasta el momento serían 9 las empresas que buscarían adjudicarse el contrato más importante del municipio local. La unidad técnica encargada de la licitación, dará a conocer las respuestas hoy, a través del mismo portal.
Un cuestionamiento recurrente fue la confección de las bases y si estas estaban en concordancia con las instrucciones impartidas por  la Dirección de Compras y Contratación Pública según la directiva N° 18 del 15 de marzo de este año. De acuerdo a esta circular, y según el punto 3, en la determinación de etapas y plazos adecuados para el proceso, se recomienda un plazo mínimo de 60 días corridos contados desde el llamado correspondiente, “fecha que debiera ser el 4 de febrero de 2016 y no lo señalado en el itinerario de la licitación que señala como fecha de cierre el 4 de enero de 2016”,  cuestionaba un oferente, y agregó: “Lo mismo sucede cuando se recomienda contemplar un mínimo de 30 días corridos luego de la publicación de las respuestas a la licitación respectiva, para el cierre de las ofertas, con la finalidad de que los proveedores puedan ajustar sus propuestas a las respuestas entregadas. En el presente caso solamente se contaría con 16 días para este efecto”.
Respecto del plazo, otro postulante escribió “La firma del contrato está fijada para el 26 de febrero de 2016, por lo tanto, existe un plazo de 66 días solamente para poder implementar este equipamiento hasta el inicio del mismo el 2 de mayo de 2016. Hay que considerar que este equipamiento nuevo solamente se puede conseguir en Santiago, lo cual requiere a nuestro juicio un tiempo mínimo de 90 a 100 días si se tiene (que contar),  además que el traslado hasta Punta Arenas demora al menos 10 días; lo que significa que habría un sólo oferente en condiciones de poder cumplir, ya que es el único que podría atender el servicio con equipamiento usado hasta que le lleguen los nuevos. Situación que indudablemente atenta contra el principio de igualdad que debe existir para con todos los oferentes”.
Sobre este punto en cuestión, otro postulante objetó:  “Tampoco se puede dar, ya que el único oferente en este caso que cuenta con equipamiento usado, si es que postula, es el actual contratista (Servitrans) y las bases de licitación no contemplan esta posibilidad. Así que si se diera esta situación estaríamos en presencia de una arbitrariedad, pues se estaría favoreciendo a un determinado oferente y con ello atentando contra el principio de igualdad que debe existir para con todos los oferentes”, puntualizó otro consultante.
Además se señala “que el camión de reemplazo puede ser usado con una antigüedad de hasta 6 años. Lo cual representa una clara ventaja para el contratista actual por lo tanto se solicita, basado en el principio de igualdad de oportunidades de todos los oferentes, que todos los vehículos sean nuevos. De tal forma de no dar ventaja a un oferente en particular”.
Objeciones
Otra de las dudas que expresan los empresarios versa sobre la oferta económica mensual, el cual no incluye ítem para detallar el margen de comercialización, además se objeta la petición de incluir el valor del kilómetro adicional por camión recolector: “lo usual es que se pida el valor mensual por kilómetro flota”.
Uno de los puntos más  criticados por el empresariado local y autoridades que se han hecho eco del malestar generado por la redacción de las bases de esta licitación, es la relacionada con el comportamiento financiero que debe demostrar el oferente, respaldado por  un balance 2014 auditado y certificado por una empresa externa certificada en la Superintendencia de Sociedades Anónimas. La pregunta no se hizo esperar; “¿Qué pasa con una empresa oferente que participa como Sociedad de Responsabilidad Limitada, que no es S.A. o bien una persona natural? ¿Quién sería el profesional que podría auditar dicho balance?”.
Respecto de la pauta de evaluación, se cuestionó lo excesivo del porcentaje asignado, “y con ello se está favoreciendo a las empresas que tienen o han tenido muchos contratos, lo cual es totalmente atentatorio para el criterio de igualdad que se debe tener para con todos los oferentes. El hecho de haber servido muchos contratos por altos montos, no significa necesariamente que se esté ante empresas de reconocido prestigio en cuanto a la calidad de sus servicios. Precisamente es en este segmento de empresas donde se dan los mayores reclamos por incumplimientos y mala calidad de los mismos, lo cual no es difícil para la Municipalidad de Punta Arenas poder comprobarlo”.
“¿Si la municipalidad exige una boleta de garantía de seriedad de la oferta, otra boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, y además el oferente será evaluado por la entidad que financie la compra de la maquinaria: ¿Qué objeto tiene ponderar el comportamiento financiero de una empresa, que ya demuestra solvencia al ser capaz de adquirir las boletas de garantía y conseguir el financiamiento requerido?”, fue otra de las interrogantes que deberá contestar la unidad técnica encargada de la licitación.
También se solicita que el municipio, entregue planos en alta definición y que se informe formalmente, respecto del presupuesto anual; “con el fin de no declarar desierta la licitación por sobrepasar los presupuestos” También se pide respuesta sobre si la adjudicación puede ser entregada a una empresa que no obtenga puntaje mayor entre todas los oferentes evaluados, “como ocurrió con la actual empresa Servitrans  y si ¿puede participar en esta licitación una empresa que haya sido adjudicada en una licitación anterior, declarada ilegal y arbitraria por el Tribunal de Contratación Pública”.

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