Y es que según informaron
desde la vocería del movimiento, la falta de una respuesta concreta sobre las
demandas que contemplan en primera instancia, el hecho de no tener que
justificar los cinco días por salir de la región, además de la elaboración de
una propuesta de mejora económica con respecto a todos los funcionarios
públicos en Magallanes, habría detonado la decisión. Esto, una vez que se les
informará recientemente durante la visita de autoridades de Hacienda e Interior
a la zona, que la respuesta formal eventualmente sería anunciada el próximo 30
de agosto.
Frente a este contexto, la
coordinadora regional de la mesa del sector público, Claudia Díaz, sostuvo que
“necesitamos una respuesta en el menor lapso de tiempo posible”, motivo que
gatilló el arribo de representantes de los 11 gremios afiliados hasta el salón
de partes de la Intendencia Regional de Magallanes, a la espera de un nuevo
pronunciamiento desde el aludido lugar.
La propuesta esbozada por
la mesa del sector público contempla la elaboración de un proyecto de ley,
donde además se estipula que ambas medidas debiesen ser implementadas a partir
de enero de 2016.