Como un pequeño paso que marca el inicio de una gran batalla, fue calificada la acogida que la justicia hizo al recurso de protección interpuesto por el Movimiento de Deudores de la Educación, respecto de la retención de la devolución de impuestos efectuada a morosos de la educación superior.
La vocera regional de ese movimiento, Carolina Álvarez Antonin, señaló que si bien a nivel local el número de beneficiados es muy menor: seis personas, “ello marca un hito en esta lucha”. El recurso de protección, gestionado a nivel nacional, acusa al Estado de facilitar condiciones a la banca para la comisión del delito de apropiación indebida contra los demandantes, ya que se dispuso de la devolución de la operación renta como elemento de cobranza.
Es así como a inicios de esta semana el Movimiento Deuda Educativa, en una primera reunión a la que asistieron unos cuantos interesados, se entregaron los primeros lineamientos y metas a desarrollarse en los próximos meses.
Este emergente movimiento convoca a 2 millones de personas a nivel país, quienes están endeudadas con el Estado de Chile o con la banca privada, y que pretende otorgar una solución a los cobros con altos intereses. Se calcula que son casi 800 mil personas las que adquirieron un crédito con aval del Estado, otras más de 700 mil con el Crédito Solidario, 350 mil de Corfo y otros tantos con créditos de los bancos; todos ellos quieren obtener una solución que les permita la condonación total y retroactiva de deudas e intereses.
Los deudores alcanzaron compromisos crediticios en distintos conceptos y esperan que sus demandas sean integradas a la Reforma Educacional y en el plan de “Gratuidad universal”, que impulsa el Gobierno, además buscan eliminar el Dicom por deuda estudiantil.
“Estamos a la espera de la definición de la Corte, pero que ha pasado en otras regiones es que se ha rechazado de pleno, y nosotros estamos esperando. Pero nuestra idea, más allá de este recurso, es sentar un precedente del movimiento y que estamos organizándonos y que obviamente no nos vamos a quedar quietos ante tanta desigualdad ante el endeudamiento educacional. En Magallanes existen casos que las personas están pagando su deuda, pero de igual manera se les ha retenido la devolución de impuestos y es allí donde se configura una cuestión constitucional grave. El recurso de protección expone el derecho a la educación y el derecho de las personas a la ocupación de su dinero y de la apropiación indebida por parte de los acreedores con el amparo del Estado. Para nosotros eso es inconstitucional”, dijo Álvarez.
Los seis magallánicos representados en el recurso de protección son deudores de distintas casas de estudios, incluida la Universidad de Magallanes (UMAG): “Es independiente al crédito que tengan, porque algunos tienen créditos aval con el Estado o Corfo”, dijo Álvarez.
La vocera agregó que “el gran motivo de este movimiento nacional es que nosotros queremos ser parte de la Reforma Educacional, como deudores educacionales y que se cumpla nuestra gran pelea que es la condonación de la deuda, o sino la condonación retroactiva o bajar el interés de la deudas que realmente es abismante; eso es lo primero, y lo que viene ahora es una demanda a nivel