En la segunda jornada de movilización que mantiene bajo tensión la conectividad de la Patagonia, los transportistas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena endurecieron categóricamente su postura frente al nivel central. Desde las inmediaciones abiertas de la Ruta 9 Norte hasta las riberas del canal Beagle en Puerto Williams, el gremio nucleado en la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag) desestimó de plano la respuesta legislativa anunciada por el Ejecutivo y advirtió que no depondrá sus demandas a cambio de acuerdos dilatorios.
“Nosotros somos de perfil bajo, respetamos la autoridad y solo queremos dialogar, pero necesitamos soluciones de raíz. No vamos a aceptar una mesa de trabajo ni una carta de compromiso a uno o dos meses”, advirtió de forma categórica Jaime Cárdenas, presidente de Utramag, al fijar el tono de una negociación que busca resoluciones inmediatas.
Frente común y emplazamiento ministerial
La ofensiva magallánica forma parte de un despliegue coordinado a escala nacional. Durante la presente jornada, la dirigencia regional articula acciones conjuntas con sus pares de la Confederación Centro Sur y de la Fuerza del Norte, con el objetivo de sentar sus exigencias directamente ante los ministerios de Hacienda, Economía y de Transportes y Telecomunicaciones.
El diagnóstico gremial apunta a la inviabilidad operativa provocada por el constante encarecimiento de los derivados del petróleo. Los transportistas sostienen que la escalada tarifaria “asfixia a la clase media y liquida el margen operativo de las pequeñas y medianas empresas”, segmento que sostiene la cadena de distribución básica en las zonas más aisladas del territorio.
Bajo esa premisa, la respuesta al anuncio de La Moneda —que propuso ingresar un proyecto de ley para regular alzas que superen los 20 pesos por un plazo de 90 días— fue de rechazo absoluto. “El anuncio que hizo el Gobierno realmente para nosotros no es una solución”, aseveró Cárdenas, enfatizando que la salida exige una reestructuración de fondo al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y la apertura formal al debate sobre el impuesto específico.