Cuestionamos que se quiera crear tantas oficinas y destinar menos del
20 % del inmueble a la propuesta museográfica. No queremos que la Casa de los
Derechos Humanos se convierta en un mall de la memoria”, dijo Ericson Díaz
Oviedo, presidente de la Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria ante la
noticia de la adjudicación del proyecto de restauración del inmueble ubicado en
Avenida Colón 636 que fue publicada el pasado lunes 07 de diciembre en el
portal de Mercado Público.
Asimismo, indicó que a juicio de la organización que preside, la
propuesta elegida debe cumplir con respetar la memoria histórica del lugar, lo
que implica que el recinto es la exposición en sí misma, tal como lo expresan
las bases de licitación de esta etapa del proceso, cuya misión fundamental es
rememorar las vivencias de las víctimas de prisión política en tiempos que
fuera ocupado como Centro de Detención y Tortura.
En tanto recordó la promesa de la presidenta Michelle Bachelet, que
apunta a desarrollar una política de recuperación de todos los sitios de
memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su
mantención básica y permanente.
Por su parte, Patricia Ojeda Mayorga, hija de un ex prisionero
político torturado en dicho recinto manifestó: “Modificar la casa con lógica de
un centro comercial es revictimizar no sólo a mi padre sino a los cientos de
personas que pasaron por el Palacio de las Sonrisas, la memoria se debe cuidar
y la historia no se debe suavizar”.
Ana Marlen Guerra Encina expresó: “Mi abuelo fue torturado en este
sitio. Por respeto a él y a tantos hombres y mujeres que vivieron las
atrocidades más oscuras de la dictadura cívico militar, yo exijo que la Casa de
los Derechos Humanos se convierta en un recordatorio permanente de lo que nunca
más debemos vivir como nación. Para mí, eso implica modificar lo menos posible
este inmueble”.
No hubo participación ciudadana
En relación a la propuesta de ambos oferentes, Díaz criticó que no se
recogió la visión de todas las organizaciones de derechos humanos, aún cuando
las bases técnicas indicaban que era requisito que los oferentes
preseleccionados realizaran entrevistas con estas agrupaciones.
Para Manuel Aguilante, presidente de la Agrupación de Beneficiarios
PRAIS en esta licitación fue desconocida la propuesta de la autoridad, en tanto
señaló que se iba a contar con la participación de otras entidades públicas,
académicas y sociales, quienes suscribieron en octubre del año pasado un
acuerdo de conformar una mesa técnica en torno al tema, cuestión que según el
dirigente nunca se hizo. “Solo fue la municipalidad quien la trabajó, una
irregularidad. Además, recientemente visitó la zona una comisión de gobierno en
derechos humanos, encargada de rescatar y
recopilar un catastro nacional de sitios de represión. Allí sucedieron
dos detalles, se sorprendieron con la manera de llevar adelante este proceso y
se suspendió extrañamente la visita al referido inmueble ¿Qué pasó? Algo huele
mal”, indicó.