Continúa
la polémica tras la aprobación por parte del Consejo Regional (CORE) de
Magallanes del reglamento del Convenio entre el Gobierno Regional
(GORE) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 2021-2027, que
busca resguardar la correcta asignación de subsidios habitacionales de
viviendas sin deuda financiadas por el Programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda DS49.
Se trata de la regulación respecto del aporte adicional que hace el GORE, y no del subsidio en su totalidad.
Con
este reglamento se busca optimizar los recursos públicos, diseñando
proyectos de viviendas que estén adecuados a las características de las
familias
que conforman cada agrupación. Sin embargo, desde varias de éstas han
surgido cuestionamientos por los eventuales problemas de cobertura que
podría acarrear esta nueva directriz. Y es que podrían darse casos de
familias que, por estar al límite de la evaluación socioeconómica,
queden fuera del beneficio bajo estos nuevos lineamientos.
Perjudicados
De
este modo, ayer once agrupaciones de vivienda que agrupan a más de
1.100 personas, presentaron un recurso de protección ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas, en contra el gobernador Jorge Flies y el
Gobierno Regional de Magallanes.
Uno
de los dirigentes que interpuso esta acción legal es Pablo Aguilar,
representante de la Agrupación Esperanza, y quien lleva postulando cinco
años a una vivienda subsidiada por el Estado.
“Con
el nuevo reglamento se disminuye el tamaño de las casas, es un
retroceso. Más encima la única región que es afectada por esto es
Magallanes” señala.
Ana
Latorre, dirigente de la etapa 6 de la Población Insuco 7, expresó que
“sí o sí este proceso nos está retrasando. Nosotros en particular no
tenemos el subsidio en mano, por lo tanto, caeríamos bajo el nuevo
reglamento, con casas y calles más chicas. Además, de los noventa
integrantes que somos, solo ocho calificarían para recibir el
beneficio”, expresaba al mismo tiempo que emitía un cuestionamiento por
el alto nivel de exigencia de vulnerabilidad que implica: “Ya ni
siquiera te sirve estar en el 40% más vulnerable, sino que casi que
tienes que acreditar que tienes piso de tierra y careces de servicios
básicos”.
Críticas
“Se
demoraron ocho meses en hacer este reglamento, se supone que lo iban a
hacer a puertas abiertas, de cara a las agrupaciones, pero lo han hecho
casi que, a escondidas, y justo antes de irse de vacaciones, dejándonos
perjudicados. El actual director de Vivienda ni siquiera es de la
región, entonces tenemos que hacerle entender que la realidad aquí es
distinta, la pobreza y la vulnerabilidad tienen otras características
respecto al resto de Chile” lamenta este dirigente.
Las organizaciones afectadas
por esta modificación en la norma de asignación de recursos, convocan a
una marcha el próximo miércoles 18 de enero a contar de las 18 horas,
iniciándose en la Diagonal Don Bosco de Punta Arenas.