Hoy se cumplen 46
días desde que el Colegio de Profesores a nivel nacional decidió poner inicio a
un nuevo paro docente. A pesar de que actualmente los alumnos han comenzado su
período de vacaciones de invierno, las movilizaciones se han mantenido, pero
ayer el foco de conflicto en Punta Arenas se desvió de las peticiones ya
conocidas del gremio.
Los dardos
apuntaron directamente al alcalde Emilio Boccazzi, luego de que se anunciara
que se aplicarían descuentos a los sueldos de los profesores movilizados de la
comuna por los días no trabajados.
A través de una
declaración pública, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Flor
Oyarzo, señaló que a diferencia del año pasado, en que no hubo descuentos para
quienes se adhirieron a un llamado local, en esta ocasión, se había decidido sí
aplicarlo.
“Esta forma de
castigo contradice su conducta anterior en forma injustificada, dado que no ha tenido descuentos ni merma en
los ingresos de la Cormupa. En
definitiva, estas personas optaron por
boicotear el paro docente nacional del modo que más nos duele”, sostuvo.
Asimismo,
recrudeció sus dichos, asegurando que “el sr. alcalde se ha caracterizado por
su absoluta desidia con la educación, con los docentes y nuestros problemas
referidos al ejercicio de la función, ya que como lo ha señalado ‘somos un
cacho’ del que quiere desentenderse lo más rápido posible, con el menor gasto y
cualquiera sea el costo para nuestros hogares”. Pese a esto, realizó un llamado
a sus colegas a mantener firmes sus convicciones.
Frente a estas
declaraciones, el jefe del Departamento
Provincial de Educación, Francio Meneses, explicó que “nosotros tenemos
como mandato del Ministerio que no se pagan subvenciones por aquel alumno que
no asiste a clases. Como ha habido paro, el empleador recibe menos subvención y
tiene menos dinero para pagar los sueldos como corresponde”.
Respecto de esta
acción respecto del pago de dineros a los sostenedores por concepto de
subvención, Meneses declaró que “el año pasado pecamos de inocentes en el
sentido que teníamos un calendario de recuperación de clases y los profesores
después no recuperaron e hicieron una presentación a los tribunales, y tuvimos
que llegar a la Corte Suprema. Bajo esa premisa, el Ministerio hoy dice que si
no se entrega el servicio educativo, no se puede pagar la subvención”.