En base a un registro oficial de más de 2 mil empleadores, el
organismo realizará un despliegue en las tres provincias para ejecutar un
proceso que busca completar un total de 450 inspecciones en la Región,
focalizadas 300 en Magallanes, 100 en Última Esperanza y otras 50 en la isla
grande de Tierra del Fuego.
Las multas que arriesgan los empleadores por no cumplir con los
requerimientos en los plazos que otorgue el organismo podrían alcanzar las 9
Unidades Tributarias Mensuales ($393 mil), lo cual será informado oportunamente
por los fiscalizadores.
Este programa va a tener incluso un plazo de regularización, es decir,
a quien por omisión o por desconocimiento no haya registrado el contrato, hacer
el llamado a que lo registre y en el evento que la fiscalización se constate
que no está registrado vamos a otorgar un plazo perentorio para que lo revise.