Después
de haber estado varios años en tramitación en el Congreso, la
iniciativa -originada en moción- que busca endurecer la regulación
aplicada a los escapes masivos de salmónidos desde centros de cultivo,
fue despachada a ley y se encuentra a un paso de su promulgación y
entrada en vigencia. Considerando que la Región de Magallanes es una de
las zonas en donde se lleva a cabo esta industria –la cual ha tenido
conflictos con agrupaciones indígenas, organizaciones medioambientales y
ha sido sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente por
diversas faltas–, la iniciativa llama la atención.
Este
proyecto de ley también implica transparentar de mejor manera la
información del sector, en cuando a materias como: uso de antibióticos,
antiparasitarios, mortalidades y producción.
“Este
proyecto de ley es un gran avance para la protección del ecosistema
marino pues permite prevenir que los salmones de criadero depreden y
transmitan patógenos a las especies silvestres, protegiendo también la
actividad de la pesca artesanal. Antes se creía que el escape de
salmones era un problema de privados, pero es un inconveniente que puede
tener una afectación directa al medioambiente y las comunidades
aledañas, y con esta normativa se está trazando un camino hacia una
actividad más sustentable, segura y transparente”, manifestó el
subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.
Entre
otros aspectos, la nueva normativa establece una multa cuyo avalúo será
equivalente al valor cosecha de los ejemplares escapados que no sean recapturados.
Adicionalmente, se arriesga la suspensión de operaciones en el centro
por un plazo de entre uno y cuatro años, y para ello se considerarán
el número de salmones escapados, ejemplares recapturados, eventos
anteriores u otro criterio que considere la autoridad competente.
El
articulado, precisa además que el responsable deberá financiar por dos
años el monitoreo de ejemplares de la o las especies escapadas para
determinar los efectos derivados.