La discusión sobre el financiamiento de la Ley de Seguridad Municipal sigue encendiendo críticas desde las comunas hacia el Gobierno central.
La norma, que busca dar reconocimiento y más atribuciones a los municipios en materia de seguridad pública, contempla un aporte de solo $5 mil millones en tres años, mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades estima que se necesitan $216 mil millones para hacer frente al desafío.
En este contexto, la AChM propuso recuperar el IVA que los municipios pagan al contratar bienes y servicios, destinándolo a un Fondo de Seguridad Municipal. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la idea por considerarla inviable, argumentando que no generaría ingresos nuevos.
Ante tal panorama, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue categórico al calificar de insuficiente la postura del gobierno y cuestionó la falta de visión estratégica: “No se entiende. Yo creo que no hay una mirada global, lo hemos dicho, creo que el gobierno está al debe con la seguridad. Lamentablemente creo que nunca hubo mucha convicción y si bien es cierto creo que muchas autoridades cambiaron su visión sobre lo que había que hacer, no existe una planificación real”.
Radonich recordó que la Municipalidad de Punta Arenas ha probado su capacidad de colaborar con Carabineros, pese a la falta de recursos: “Los últimos extranjeros con droga que se pillaron hace unos días fueron gracias a una camioneta municipal de Punta Arenas con un carabinero en una patrulla mixta que tenemos hace muchos años. Entonces suena extraño que no se quiera avanzar en algo que la municipalidad puede hacerlo. Lo hemos demostrado sin mayores recursos”.
A su vez, enfatizó que los municipios requieren más facultades y financiamiento concreto para contribuir de manera efectiva a la seguridad ciudadana: “Por eso creo que falta una mirada global y puedo afirmar que el gobierno está al debe en lo que es seguridad pública”.
La discusión continuará en la comisión de Seguridad del Senado, donde los alcaldes esperan que se recoja la voz de las comunas y se dote a las municipalidades de las herramientas necesarias para asumir un rol más activo en la protección de sus comunidades.