En desacuerdo habría terminado
una reunión que se celebró la tarde de ayer entre las diversas
instituciones judiciales, las que se congregaron para analizar los
alcances de la extensión del Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe hasta mediados de septiembre y la repercusión que
significaría postergar, nuevamente, los juicios orales pendientes en
Magallanes para ese mes.
Si
bien desde el lunes 1 de junio, se retomaron estas audiencias, en las
cuales los delitos se referían a causas como estado de ebriedad,
infracciones a la Ley de Drogas y desacatos, entre otros. A partir de
esta semana se iniciaban importantes enjuiciamientos por delitos
sexuales, como abusos y violaciones, robos calificados, entre otros.
Molestia de la Fiscalía
Uno
de los participantes del cónclave fue el fiscal regional Eugenio
Campos, quien tras la instancia manifestó su profundo malestar con la
idea de aplazar los juicios hasta el noveno mes, asegurando que está
“absolutamente comprobado” que realizar estas audiencias por
videoconferencia permitiría un contacto directo que no vulnera derechos
ni garantías fundamentales de los acusados como de las víctimas.
“Nos
incomoda muchísimo, fue como un balde de agua fría. Nosotros como
Ministerio Público estamos dispuestos a realizar juicios orales por
videoconferencia, pero lamentablemente el día de hoy (ayer) tuvimos la
noticia que estos juicios orales pareciera ser que se van a ver
retrasados hasta mediados de septiembre. La persecución penal tiene que
ser ágil y oportuna. Creo que en este caso hay varios principios que
están en juego, por cierto el derecho del imputado a ser juzgado en un
plazo razonable, y nos preocupa el caso de las víctimas que tienen que
cerrar su ciclo, porque la justicia tiene que ser oportuna porque de lo
contrario se genera mantos de impunidad”, arguyó.
48 juicios suspendidos
Reveló
además que a la fecha, en Magallanes, existen 48 juicios orales
suspendidos, sin contar todo el trabajo que están haciendo los juzgados
de la región respecto de la preparación de otros juicios, por lo que
llamó a debatir con altura de miras el tema.
“¿Qué
le podemos decir a una ciudadanía que tiene juicios orales suspendidos
desde marzo? Hay temas que debemos seguir viendo, pero tampoco la
comunidad puede seguir esperando”, recalcó.
Defensores desisten de sus recursos
La postura de los defensores es diametralmente opuesta. Llamó la atención que durante dos semanas no se alegó
públicamente el hecho de realizar juicios virtuales por la aplicación
Zoom debido a que éstos “no eran controvertidos“, pero entre el lunes y
el martes de esta semana, los defensores Guillermo Ibacache, Vania
Cáceres, José Miguel Navarrete y Leonardo Vallejos, que tenían fijadas
audiencias de ilícitos relevantes para hoy y para mañana, interpusieron
recursos de protección ante la Corte de Apelaciones, precisamente por
los inconvenientes que traería consigo defender a sus representados por
videoconferencia, solicitando todos reprogramar nuevas fechas para
dichas audiencias, bajo la modalidad presencial.
“Creemos
que la Corte Suprema nunca autorizó hacer los clásicos juicios orales
por esta modalidad, porque eso implica una serie de faltas y una
absoluta imposibilidad de controlar la prueba que pesa sobre los
defensores. Por eso le hemos estado diciendo al tribunal que no agende
juicios orales por videoconferencia”, manifestó el abogado Guillermo
Ibacache.
En
la misma línea, el defensor Vallejos indicó que “los juicios por
videoconferencia no dan garantías de que se van a hacer las cosas como
corresponden, porque hay ciertas reglas, seguridades de que no hay
trampa, lo que por videoconferencia no se puede asegurar, lo que es una
posición institucional de la Defensoría a nivel nacional. Es muy difícil
conmover al tribunal, si es que los jueces están mirando un recuadro de
la pantalla o si es que se corta la señal”.
No
obstante, ayer fueron consultados tres de los cuatros defensores que
recurrieron de protección ante la Corte, quienes confirmaron que se
desistieron de los mismos. Según se explicó, esto se habría dado por
lograr llegar a acuerdos con el mismo Ministerio Público para poder
modificar las fechas, como también que ya se sabía que desde el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta Arenas se había tomado la determinación
previamente de reprogramar estos juicios.
Sin
embargo, desde la Corte de Apelaciones esto no fue oficialmente
ratificado, y se espera que para esta jornada exista un pronunciamiento,
y sea cual sea éste, uno de los involucrados no quedará conforme.