Recientemente, se dio a conocer a través del sitio oficial de la Cámara de Diputados, una significativa moción presentada particularmente por Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez y Camila Vallejo, parlamentarios pertenecientes al Partido Comunista (PC), quienes a fin de avanzar en materias de transparencia y probidad en el ámbito legislativo y electoral, elevaron la solicitud el pasado jueves 22 de enero en clara respuesta al polémico Caso Penta.
Es así como las relaciones económicas, apreciadas a la luz publica, entre el reconocido holding empresarial chileno, con inversiones en las áreas de previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación y un grupo importante de legisladores nacionales, dio pie para la presentación del proyecto que, a grandes rasgos, actúa como complemento a la regulación de conflictos de interés para los parlamentarios, además de establecer sanciones efectivas en caso de infracción a los impedimentos que en ella se adjuntan.
Bajo este contexto y según dieron cuenta las autoridades, el Caso Penta ha impactado fuertemente en la opinión pública, instalando en el debate la relación entre el dinero y la política, particularmente cuando existe la posibilidad que los legisladores se vean influenciados a dirigir su voto hacia ciertas posiciones que beneficien a los aportantes de sus campañas, explicaron en primera instancia los honorables, quienes aprovecharon la ocasión para recordar que explícitamente en el articulo 5°B de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso Nacional, se especifica que “los miembros de cada una de las Cámaras, no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”, realidad que se suma a la indicación que señalar que podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas, tengan en el asunto.
“Me parece excelente que se promueva la transparencia y probidad, independiente de donde provenga la iniciativa, sobre todo para los elegidos a través de voto popular, básicamente porque si cometen alguna falta o cometen algún acto de irresponsabilidad, será la comunidad empoderada la que se va enterar de la situación”, agregó enfático el actual vocero de la Nueva Mayoría y presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Abelardo Oyarzún Velásquez, aludiendo a la seguidilla de ilícitos que se han dado a conocer durante el último tiempo y cómo algunos partidos oficialistas se están haciendo cargo de la disyuntiva.
Ahora bien, los representantes de la Cámara Baja precisaron que lo previamente descrito, se complementa con la declaración de intereses y patrimonio que deben realizar los parlamentarios al dar inicio a sus funciones legislativas, mientras que los mismos, enfatizaron en que los cuestionamientos de la ciudadanía refleja que aún existen vacíos en esta materia que son necesarios llenar, con el claro objeto de dotar al sistema político de íntegra transparencia en cuanto al financiamiento. “Todo lo que ayude a disminuir esta relación (dinero-política) será bien recibido. Siempre hemos visto, particularmente en época de campaña, la gran cantidad de recursos que se disponen, pero nunca supimos de donde provenían esos recursos. Hoy sí. Lo bueno de esto, es el efecto que va tener en las próximas elecciones, donde los candidatos que recurran a campañas millonarias van a tener que ser mucho más cuidadosos en su actuar. Creo que por otra parte, esta situación violenta la voluntad de los ciudadanos”, indicó Oyarzún.
De esta manera la iniciativa de ley inserta por los representantes comunistas, a efecto de regular los conflictos de interés que afecten a los parlamentarios en relación a las personas que hubieren aportado significativamente a su campaña electoral, genera una causal de inhabilidad respecto de aquellos asuntos que interesen a las personas que hubieren aportado a la candidatura del parlamentario una suma que exceda la mitad del límite dispuesto en la Ley 19.884, sobre transparencia, control y límite del gasto electoral.
Finalmente y de manera adicional, el proyecto avanza en sanciones efectivas y proporcionales, específicamente a través de la suspensión del derecho a voto en Sala y en Comisiones por un plazo de 30 días, plazo que puede triplicarse en caso de reincidirse, para aquellos parlamentarios que infrinjan la obligación de inhabilitarse de votar, realidad que actualmente se encuentra en manos de la Comisión de Constitución para su estudio.
“Ahora, a mi me gustaría saber quién está de acuerdo y quién en desacuerdo, así, de inmediato nos daríamos cuenta quién respalda la probidad y transparencia y quién no. Por ende, cualquier iniciativa, independiente de su color político que aporte a este fin, será bienvenida”, puntualizó el vocero oficial del bloque gubernamental.