Una
investigación especial “que permita restablecer el orden jurídico” y “haga
efectiva las responsabilidades correspondientes”, solicitó el secretario
general de la Corporación Municipal, Hermes Hein, a través de una denuncia
presentada a la Contraloría Regional de Magallanes sobre hechos a los cuales
vincula directamente al alcalde Emilio Boccazzi Campos.
Hein
acusa “graves irregularidades” en el denominado proceso de encasillamiento o
asignación de titularidad a los
profesionales de educación dependientes de la Cormupa.
La
denuncia apunta al otorgamiento de titularidad a 54 docentes que no cumplen -al
31 de julio de 2014- con el requisito establecido por ley y que da cuenta de la
exigencia de tres años continuos o cuatro años discontinuos en la misma dotación.
En los
antecedentes entregados por Hein a Contraloría, se expone que en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ley 20.804, con fecha 3 de febrero de 2015, el propio
secretario de la Cormupa emitió una resolución
interna con el propósito de ordenar el trabajo que debía hacerse y
considerando tanto la jurisprudencia administrativa como de la Dirección del
Trabajo.
Posteriormente,
en los considerados se exponen en detalle las exigencias para reconocer la
titularidad a los profesores, para luego señalar que “con posterioridad,
dispuse el estricto cumplimiento del instructivo impartido por la Subsecretaria
de Educación de fecha 10 de febrero de 2015, entendiendo en todo caso, que no
correspondía a la administración de esta corporación, complementar la ley,
modificarla o distorsionar su sentido para satisfacer el interés particular de
personas o grupos”.
Se
agrega en la denuncia que “en una materia de esta complejidad es posible
cometer errores que deben superarse caso a caso. Empero, resulta inaceptable
actuar a sabiendas y en forma clandestina para favorecer a personas que
claramente no se ven beneficiadas por esta ley de excepción”.
Hermes
Hein argumenta que por instrucciones directas del alcalde Emilio Boccazzi se
encomendó acciones a la jefa de Educación, Cristina Susi, “todo en tal forma
que se relevó de sus funciones a los funcionarios de carrera de la Unidad de
Recursos Humanos y a la Unidad de Asesoría Jurídica de esta corporación, a
quienes ninguna responsabilidad les asiste en estos hechos”.
A
juicio del secretario de la Cormupa, “el procedimiento referido conlleva la
adopción de decisiones ilegales, de resoluciones que infringen la ley y el
instructivo señalado, y afecta los derechos de las personas, pues al conceder
lo que no corresponde a unas se afecta el derecho de otros a acceder a la
titularidad a través de procesos concursables transparentes”.
Hechos
graves
En ese
contexto, agrega, que “los hechos son de extrema gravedad en la medida que
pueden ser constitutivos del delito que establece el artículo 228 del Código
Penal, máxime si en la especie no hubo negligencia o ignorancia inexcusable,
sino que se actuó a sabiendas y con el ánimo de favorecer a personas
determinadas que se identifican en una nómina que contiene fundamentación en
los hechos ni en el derecho”.
Por lo
expuesto, Hermes Hein solicita a la Contraloría Regional instruir una
investigación especial que, previa revisión íntegra de los antecedentes
aportados, “restablezca el orden jurídico, haga efectiva las responsabilidades
correspondientes, asigne la titularidad a los profesionales de la educación que
en derecho les corresponde y en su caso remita los antecedentes al Ministerio
Público, para hacer efectiva su responsabilidad penal, si se estima
conducente”.