La diputada Javiera Morales, conversó esta semana con Pingüino Multimedia, instancia en la que abordó la contingencia política.
La
parlamentaria magallánica se refirió a la polémica de los convenios que
ha desatado una serie de investigaciones que han puesto en jaque a la
clase política que actualmente gobierna.
Morales señaló que espera que se aclare y se
encuentren los culpables de aquello y que la comisión investigadora que
se creará sirva para poder crear mecanismos que permitan evitar lo
ocurrido.
– ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo con la fundación Democracia Viva?
“Lo
que ocurrió con la Fundación Democracia Viva es totalmente reprochable,
no cabe duda que riñe con la probidad. En eso no voy a titubear, aún
cuando se trate de un partido del Frente Amplio. Por eso como bancada
presentamos una Comisión Investigadora, que ya se aprobó, y vamos a
seguir colaborando para que se aclaren las responsabilidades
administrativas, políticas y penales que correspondan”.
–
A raíz de lo de Democracia Viva en distintas regiones del país se han
dado a conocer casos de distintas organizaciones ligadas al gobierno que
han recibido aportes del Estado, incluso algunas sin contar con los
giros por los cuales se han ganado los recursos. Ante eso ¿el gobierno
debe ser más riguroso al momento de entregar los recursos?
“Hay
que avanzar en mejorar los mecanismos de transparencia en la entrega de
recursos públicos en el Estado. Se requiere mayor transparencia en los
procesos de adjudicación, sin conflictos de interés, y que se garantice
que los trabajos sean realizados de la forma comprometida. Cada peso
tiene que ir en beneficio de las personas, porque se trata de fondos
públicos. Como parlamentaria estoy esperando las conclusiones a las que
llegará la Comisión de Probidad, que acaba de instalar el gobierno, para
transformarlas en proyectos de ley y avanzar pronto. También espero que
la Comisión Investigadora ayude a dar luces sobre mecanismos que deben
implementarse para mejorar la transparencia y probidad en la entrega de
recursos. Por ahora, hay que avanzar en los proyectos que ya se
presentaron, como el de corrupción municipal y el de mayor transparencia
de fundaciones, que acabamos de presentar. Yo tengo toda la disposición
en avanzar, es lo que espera la gente de nosotros”.
– ¿Considera que se debe investigar todas las asignaciones directas que se han entregado durante los últimos años?
“Nuestra
comisión especial investigadora va a indagar desde el 2015 hacia
adelante todos los recursos por medio de asignaciones directas a
instituciones privadas, en especial las que no pasan por la Toma de
Razón de la Contraloría, con énfasis en Vivienda. La iniciativa fue
aprobada y fue fusionada con las comisiones investigadoras que también
propusieron otros sectores políticos. Las conclusiones que surjan de
esta instancia serán un importante insumo para construir una legislación
más robusta en la materia y para hacer valer las responsabilidades
políticas que correspondan”.
– El Ministro Montes en una comisión en el Senado expresó que
la entrega de estos recursos de la forma en que se hace viene del
gobierno anterior, lo que algunos han interpretado como que el ministro
quiso enlodar responsabilidad al gobierno anterior ¿se equivocó el
ministro en sus palabras y el tono utilizado?
“El
ministro Montes ha ejercido sus facultades para la revisión de los
convenios, ha entregado la información al Ministerio Público y levantado
sumarios administrativos en las divisiones que correspondan y que
tengan un posible cuestionamiento. Sobre sus dichos, el ministro ya los
aclaró en la Cámara esta semana, señalando que no está atribuyendo
responsabilidad al gobierno anterior, sino que dejando claro que esta
forma de entrega de recursos en el Ministerio de Vivienda partió el
2019. Un antecedente a ese respecto es que ya existe en la región de
O’Higgins una investigación por tratos realizados por el seremi de
Vivienda bajo la administración anterior. Queda claro que como Estado
debemos avanzar en mayor transparencia”.
– ¿Ha consultado a las autoridades regionales si existen convenios como el de Democracia Viva en Magallanes?
“Por
supuesto, es parte de mi rol fiscalizador. Según me han informado se
están haciendo las revisiones y hasta ahora no hay nada parecido. De
todos modos, creo que es importante ser muy cuidadosos, he visto a
autoridades regionales realizando acusaciones sin mayores fundamentos a
instituciones de nuestra región que cumplen un rol muy importante para
nuestra comunidad”.
–El
Consejero Regional Alejandro Riquelme, durante las últimas semanas ha
denunciado una serie de organizaciones que han recibido recursos del
Estado, tanto a organizaciones que no contaban con los giros
correspondiente, como a otras que se les asignó recursos en varias
ocasiones sin rendir las anteriores ¿Qué opinión le merece?
“Una
cosa es que se haga una revisión contundente de todos los fondos
públicos que han sido entregados, pero otra cosa es meter a todas las
instituciones y fundaciones en un mismo saco. Hay instituciones
históricas en nuestra región que hacen un trabajo esencial en
colaboración con el Estado, como el Centro de Rehabilitación o las
uniones comunales. En donde haya que investigar y revisar alguna
situación conflictiva, que se haga, pero no se puede convertir en una
cacería de brujas sólo por haber recibido fondos de forma legal y
correcta. Cuando se es autoridad, como el consejero, hay que ser
responsable con lo que uno dice y denuncia”.
– ¿Qué opinión le merece el trabajo que está desarrollando el Consejo Constitucional?
“Me
parece que partieron con un buen insumo: un anteproyecto bastante
transversal y sólido. Por supuesto que el anteproyecto debe ser
discutido y ampliado por el consejo elegido, pero veo con preocupación
algunos dichos y posiciones del Partido Republicano que buscan
desconocer consensos sociales amplios que hemos alcanzado los últimos
años, como la necesidad de avanzar en equidad de género. Si siguen por
esa senda van a perder transversalidad poniendo en riesgo el proceso,
que ya tiene poca adhesión ciudadana”.
–
Hace un año en nuestro país había un ambiente al tema de una nueva
constitución, lo cual se ha ido perdiendo, ¿por qué cree que ha pasado
aquello?
“Existe
un desgaste natural en la ciudadanía, que se refleja en que, según las
encuestas, hoy hay más gente que, sin conocer el texto, prefiere
rechazar. Por eso es tan complejo lo que está haciendo el Partido
Republicano, porque si se pierde esa transversalidad este proceso va a
fracasar. Eso sería una lástima, y una irresponsabilidad de los
republicanos. Esta probablemente es la última oportunidad para tener una
Constitución que sea consensuada como país, que nos permita avanzar en
un mejor sistema político y en derechos sociales más robustos, como la
salud y las pensiones”.
–
A nivel local han existido fuertes críticas por algunos cambios que han
existido en el gabinete regional, como la salida de Christian Gallardo,
Dahián Oyarzún y Leonidas Hernández. ¿Qué opinión le merecen aquellos
cambios?
“El cambio de gabinete regional
es una decisión del delegado presidencial, quien evalúa el
funcionamiento de los seremis en sus respectivas áreas, por lo que no me
corresponde cuestionar esas decisiones. Valoro la gestión realizada por
ahora de las y los exseremis, que tuvieron una gran vinculación con la
ciudadanía, lo cual es esencial, y todo mi respaldo a quienes asumen
esta tarea”.
– ¿Cree que deberían existir nuevos cambios en el gabinete regional?
“Creo
que es bueno que le demos una oportunidad a los nuevos seremis para que
muestren su capacidad de gestión. Tienen grandes desafíos. En el caso
de Economía tenemos que lograr mayor diversificación productiva y nuevas
fuentes de trabajo en Porvenir y sentar las bases de la industria del
Hidrógeno Verde. En el caso de Obras Públicas hay que lograr el Convenio
de Programación para aumentar la inversión pública regional”.
– ¿Cuáles son los principales proyectos en lo que se encuentra trabajando actualmente que podrían favorecer a la región?
“Actualmente,
estamos trabajando en el proyecto para establecer una veda permanente
de la extracción de algas pardas en la región, cuya construcción han
participado los pescadores y las autoridades locales, y estamos en
proceso de socialización para ser presentado en el Congreso. Además,
tenemos la iniciativa de ‘pasajes preferentes’ en la comisión de
Economía de la Cámara que empezó su discusión en general, que busca
establecer boletos de avión a un precio accesible para los habitantes de
regiones extremas, cupos asegurados en casos de emergencia y una
plataforma para traspasar pasajes que no se puedan utilizar hasta 24
horas antes”.
“Por otra parte, nos hemos reunido con las distintas carteras en la región para que sus peticiones sean
incorporadas en el Presupuesto Nacional del año 2024, como establecer
oficinas de Servicios Locales de Educación en todas las provincias y
avanzar en materia de salud. Son las prioridades regionales”.