Los parlamentarios de Magallanes Gabriel Boric y Juan Morano, junto a la presidenta de la Democracia Cristiana y ex intendenta regional, Eugenia Mancilla, realizaron durísimos cuestionamientos al nuevo proceso licitatorio del contrato de recolección de basura y de limpieza de calles de Punta Arenas, que lleva adelante el municipio local.
“En primer lugar, me resultó bastante inentendible que se hayan unido dos contratos que son totalmente diferentes; la recolección de la basura y la limpieza de zarpas y soleras. Históricamente han estado separados, porque se entiende que el contrato de zarpas y soleras es un contrato de menor cuantía, y más porque tienen tiempos distintos”, dijo Eugenia Mancilla y agregó que el municipio local se adelantó en un año en la licitación de limpieza de calles.
Además, criticó el incremento del valor del servicio: “Es bastante significativo, uno podría presumir que se hace en función de otorgar un mejor servicio yque se viese reflejado en el detalle de los productos que el municipio va a requerir como mejora, eso tampoco se ve”.
Mancilla presentó sus aprehensiones sobre los ítems que ponen en mejor posición a grandes firmas en desmedro de empresas regionales, las que a su juicio quedarían relegadas de este contrato; “No me parece razonable que el factor eficiencia, es decir el factor rentabilidad, se dé en función de las utilidades que genere la empresa en función de su activo”, dijo.
“Aquí hay una trampa, porque es un colador para empresas magallánicas que se van a ver imposibilitadas de participar porque se está exigiendo que los indicadores financieros, de liquidez, endeudamiento y rentabilidad sean demostrados a través de una certificación que emiten exclusivamente empresas auditoras externas que estén acreditadas ante la Superintendencia de Valor y Sociedad Anónimas”, manifestó.
Señaló que la redacción de las bases “están diciendo finalmente al mercado, que empresas que no tengan obligación de certificar sus balances y estados de resultados a través de empresas auditoras, no van a poder participar porque no van a poder demostrar sus factores de situación financiera, en consecuencia, encuentro que eso es una arbitrariedad y está orientada de alguna manera hacia un tipo de empresas de mucha mayor envergadura, no sólo de sus activos sino de sus contratos”.
“Letra chica”
A juicio de Mancilla, la redacción de las bases dejan ver una “tremenda arbitrariedad” en contra de empresas menores. “Y aquí viene lo de la experiencia, fijar un 15% de puntaje total en función que no sea comprobada en cómo lo ha hecho o cuántos años lleva en el mercado de limpieza o recolección, sino que se comprueba en función del monto de los contratos que están ejecutados. Me parece otra tremenda arbitrariedad, porque la experiencia aquí y en cualquier parte del mundo, se debe demostrar en función de los trabajaos ejecutados y no en función de los montos de sus contratos”, señaló.
“Hay elementos que son cuestionables por ejemplo, los 10 mil lutocares y las 200 mil bolsas reutilizables, yo no siento que en las bases técnicas se explicite cuál es el fundamento de solicitar estos contenedores. ¿Será necesario que el municipio obtenga 200 mil bolsas reutilizables y con ello se vaya a lograr que las personas en sus hogares ordenen la generación de los residuos sólidos? Me parece una inconsistencia y un despropósito. Yo siento que aquí ha habido una mente bastante creativa con fines que yo espero no sean distintos a este proceso licitatorio, estableciendo requisitos en un proceso tan cuestionado como este”, dijo la ex intendenta.
Mancilla recordó: “A pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema, el actual alcalde Emilio Boccazzi no ha ejecutado el cúmplase de retrotraer este proceso licitatorio a la etapa de evaluación de los ofertas del antiguo proceso. Estamos hablando que estamos a punto de terminar un período complejo sobre la adjudicación y ya estamos empantanados en un nuevo proceso licitatorio producto del diseño y la redacción de bases que rayan en la arbitrariedad y creo que debe ser analizado a través de abogados, si es que raya en la ilegalidad”.
Expresó que a su parecer faltó rigurosidad en la redacción de las bases y “haberlas compartido con los concejales, a pesar de que no está obligado el alcalde, pero sí por el bien común, por transparencia y de una gestión eficiente, porque aquí hay cambios fundamentales respecto del último proceso licitatorio. Las empresas regionales prácticamente ninguna podrá participar. Yo siento que hay poca voluntad de que este proceso sea ampliamente conocido”.
Finalmente, dijo que no es verdad “que se haya tenido una mirada distinta respecto de mejorar las remuneraciones de los trabajadores y operadores. Porque se mantiene el factor del 15%, en la calificación para el ítem de remuneraciones de los trabajadores, puntaje idéntico al proceso anterior”, dijo.
Parlamentarios
En tanto, el diputado de la Izquierda Autónoma (IA), Gabriel Boric señaló que “no entendemos los motivos que llevan al alcalde Boccazzi a adelantar el proceso de licitación. Nosotros hemos recibido diversas quejas de los trabajadores de la empresa y hemos visto prácticas abusivas que -lamentablemente, por la desprotección en que la ley laboral actual tiene a los trabajadores— no se han subsanado. Nos gustaría que, al menos, se revisaran esas situaciones antes de considerar una renovación de licitación, y que se transparenten los motivos del municipio para adelantar el proceso”.
Por su parte, Juan Morano dijo “que es preocupante que las bases se diseñen de una forma tal, que deje un período muy corto entre el momento de la licitación hasta el que hay que tener trabajando a los camiones, y que se junten contratos que son diversos. Hoy día hay una empresa que hace el aseo de limpieza en las calles incluso dando empleo a personas jubiladas, que quizás nadie le daría trabajo, pero que pueden desarrollar este tipo de trabajos que no es pesado”, señaló.
Agregó el parlamentario que “se está aumentando el monto en las bases, el monto presupuestado ya es elevado. Es un 30% más del contrato anterior, y el contrato anterior ya era caro, cuando fue impugnado por el Tribunal de Compras Públicas. Uno dice aquí ¿la municipalidad va a poder pagar este servicio? Yo espero que las personas y empresas que se sientan interesadas lo hagan (consulten) en el Tribunal de Compras Públicas para que este tipo de contrataciones no sea arbitrario. Espero que sea transparente para que la ciudad no tenga de nuevo un contrato donde lo único limpio, sea la basura”, finalizó Morano.