Quizás para la elección en una ciudad, 35 votos sean insignificantes; pero para una comuna rural, pueden ser determinantes y con ello, un sueldo millonario y los destinos de personas que trabajan en el sector público. He ahí que adquiere importancia: que encabezar una comuna, por pocos habitantes que tenga, es sinónimo de poder.
Con esa descripción de fondo, fue que en la Sala 4 de los Tribunales de Justicia de Punta Arenas se formalizó a 13 de 35 personas imputadas por infracción electoral.
El fiscal Olivar Rammsy, a cargo de la acusación, explicó que se trata de hechos ocurridos en la elección municipal en Río Verde, en 2021: “En la oportunidad, la exalcaldesa Tatiana Vásquez presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, señalando que había mucha gente que estaba inscrita en el padrón electoral de Río Verde, con domicilio en Punta Arenas, y no reunirían los requisitos que exige el artículo 10 de la Ley, que te obliga a que si quieres participar de la elección, tienes que tener domicilio allá, tener parientes, negocio, iniciación de actividades, etcétera”.
Con información del Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Electoral, se pudo detectar a una treintena de imputados que no habrían tenido vínculo alguno con la comuna en cuestión, y que sus domicilios estaban, por cierto, en la capital regional. En el desglose: 10 personas que concurrieron dieron su domicilio en Punta Arenas, inclusive en la toma; a otras nueve personas se despachó orden de detención; dos fueron notificadas y otras siete dieron domicilio falso en el Servel. “Las restantes, que son 16, van a ser formalizadas el próximo 7 de noviembre, a las 12:30 horas”.
Si bien el ente persecutor no pidió medidas cautelares, (“porque en realidad se trata de gente que tiene domicilio acá y está suficientemente apercibido”), sí se decretaron 90 días de investigación. Rammsy explicó:
“Es lo que comúnmente se conoce como ‘acarreo político’. El objetivo de esto era dar con la persona que los incentivó a ir para allá. Hubo una intencionalidad y eso se busca finalmente”.
El fin último es dar con el candidato quien, de acuerdo al persecutor, habría infringido la ley electoral al hacer ofertas a los votantes, aunque “se les llama acarreo, porque les ponen buses, les dan un sandwich y una bebida. Vamos a ver qué pasa ahora”.
La abogada querellante y exalcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, al término de la audiencia señaló: “Las personas que se han prestado para ser acarreadas corren del riesgo de ser sancionadas con multas que van desde 10 UTM hasta 100 UTM y reclusión menor en su grado mínimo. Lo anterior se traduce en que aparte de la privación de libertad, se es condenado a pagar una multa que va aproximadamente desde los $ 665.000 a los $6.650.000. Los acarreos son una conducta que vengo denunciado desde 1992 y es lamentable que se utilicen personas de buena voluntad para estos fines”.