Treinta y cinco empresas tendrán que cumplir con la Ley de Inclusión Laboral

Olivia
tiene 28 años y desde hace dos años y medio que trabaja en la cafetería
Kruh i Kava Express. Su condición de síndrome de Dawn no ha sido
impedimento para desarrollar de manera eficiente su trabajo y poder
desenvolverse con normalidad junto a sus compañeros Jocelyn y Cristián,
quienes concuerdan en que “ha sido una buena experiencia trabajar junto a
ella. Sabe perfecto lo que está haciendo. Para nosotros ella es igual a
uno, y aquí el trato es para todos igual, de par a par”, explicaron en
el lanzamiento regional de la nueva ley de inclusiAón laboral para
personas con discapacidad, desarrollado en la sala de ventas de dicha
cafetería.

Al
respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés,
explicó que “la Ley establece un período de dos años para que las
empresas puedan dar cumplimiento total a la norma. En qué se traduce
esto, en que en esta etapa de marcha blanca los empleadores pueden
contratar personas con discapacidad, o pensión de invalidez, para dar
cumplimiento a la Ley, o bien pueden también, en el caso de no tener el
equipamiento o infraestructura, hacer donaciones a fundaciones
relacionadas con la discapacidad”.

Cortés
sostuvo además que “entre el 1 de abril de 2018 y el 1 de abril de 2019
la exigencia rige para las empresas que tengan 200 o más trabajadores,
pero después de esta fecha ya se va a aplicar a aquellas empresas que
tengan 100 o más trabajadores, lo que es un dato importante porque en
Magallanes tenemos al menos 35 empresas que van a estar obligadas a dar
cumplimiento a la norma en esta primera etapa”. En tanto, la seremi de
Desarrollo Social, María Teresa Castañón, indicó que “uno de los ejes
fundamentales para el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera es
justamente la inclusión, y vamos a trabajar fuertemente con personas con
discapacidad para que sean incluidas en el mundo laboral y puedan
mejorar su calidad de vida”.

Capacitación

En
tanto, la seremi Cortés explicó que, para que la Ley tenga éxito en su
implementación, “con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence) estamos trabajando en un programa que está dirigido al personal
de recursos humanos para así capacitar a los empleadores”.

A
su vez, la directora regional del Sence, Carolina Saldivia, dio a
conocer que a contar del 16 de abril se llevará a cabo el curso
“inclusión laboral de personas en situación de discapacidad”, donde
esperan que los asistentes puedan identificar el panorama nacional e
internacional respecto de la discapacidad, además de reconocer los
procesos de inclusión laboral y la importancia de contar con el apoyo en
el proceso de incorporación a una determinada empresa, considerando
pensiones, contratación y desvinculación de las personas en situación de
discapacidad de acuerdo a la legislación chilena”.

Magallanes

En
el año 2016 se entregaron los resultados del segundo estudio nacional
de la discapacidad, el cuál arrojo datos alarmantes para la región,
entre ellos que el 24,2% de la población adulta de Magallanes se
encuentra en situación de discapacidad, proporción más alta que el
promedio nacional (20%), de los cuales el 11,1% presenta discapacidad
leve a moderada y el 13,1% discapacidad severa.

El
estudio indicó además que un 32,4% de las mujeres adultas de la zona
más austral se encuentran en situación de discapacidad, mientras que
para en el caso de los hombres es de un 15,7%. En materia laboral, un
37,5% de las personas con algún grado de discapacidad está disponible
para trabajar.

La
titular de la cartera del trabajo sostuvo que “es una grata sorpresa
darnos cuenta que en Magallanes existe un espíritu de inclusión, hay
pequeñas empresas que no están obligadas a dar cumplimiento a esta Ley, y
aún así el espíritu de ellos es el de la inclusión por sobre la norma.
Está comprobado que las personas con discapacidad mejoran los climas de
trabajo, eliminan los estereotipos al interior de la empresa y hacen que
los trabajadores se pongan la camiseta con el empleador, lo que influye
positivamente en la productividad de la empresa”.

El desafío de la familia

Olivia
Cárcamo y Daniel Cárdenas son los padres de Olivia, quien, pronta a
cumplir sus 29 años, trabaja diariamente en la cafetería Kruh i Kava
Express, ubicada en las inmediaciones de Neumáticos San Jorge.

Durante
el lanzamiento de esta ley, ambos agradecieron la oportunidad que se le
ha brindado a Olivia, e indicaron que “siempre hemos tratado de darle
independencia a pesar de que nos ha costado hacerlo. Queremos que sea lo
más independiente posible y que pueda valerse por si sola. A veces le
cuesta entender que tiene responsabilidades y recibir órdenes, pero día a
día ha mejorado y lo ha hecho súper bien y ha salido adelante”.

Además,
manifestaron que para ellos “es súper importante que haya una buena
recepción de esta ley por parte de las empresas y de los compañeros de
trabajo, porque si no ellos no se pueden desempeñar bien. Gracias a Dios
con Olivia sus compañeros y jefes la tratan súper bien. Desde que
Olivia comenzó a trabajar, ella ha madurado mucho y ha aumentado su
desarrollo personal, le ha servido mucho este trabajo”.

Finalmente, Olivia, la principal figura
de este lanzamiento, explicó que le gusta mucho trabajar ahí. Está a
cargo de mantener el aseo y el orden del local: “Limpio los vidrios, uso
la escoba, saco el polvo. Me llevo bien con mis compañeros. Me gusta
compartir con gente, son amables conmigo”, dijo la joven.

La ley

La
Ley 21.015 de inclusión laboral para personas con situación de
discapacidad, establece un sistema de inclusión que apunta a que los
organismos públicos, civiles, militares y privados, con 100 o más
trabajadores, reserven al menos el 1% de la dotación de personal para
personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez. También
elimina las causales de discriminación, modificando el estatuto
administrativo, para establecer de manera explícita la prohibición de
todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en
motivos de discapacidad.

Finalmente,
establece la equidad remuneracional, eliminando la posibilidad que en
el contrato de trabajo se pueda estipular una remuneración sin respetar
las normas sobre el ingreso mínimo.

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