Los demandantes fueron representados por los abogados Karina Mancilla
y Guillermo Soto, y reclamaron una bonificación proporcional, que es una
beneficio de carácter mensual y permanente, que le corresponde a cada docente
en proporción a sus horas de contrato, con cargo a los aportes por subvención
entregados por el Ministerio de Educación.
La acción tuvo como objeto perseguir el pago íntegro del 80% de los
recursos otorgados por las leyes N° 19.410 y 19.933, incorporados en el Bono
Subvención Adicional Especial, correspondiente a la Bonificación Proporcional
Mensual entre el período de febrero del año 2010 hasta la fecha, y aquellos que
se devenguen durante la tramitación del juicio, ganado en primera
instancia, más reajustes, intereses,
multas y costas.
La causa, ganada en primera instancia, presagia un nuevo escenario de
precariedad para las arcas de la Corporación Municipal, porque serán $ 2mil
millones los que se desembolsen para cumplir con la exigencia judicial, lo que
conllevaría a que otros deberes sean postergados o que el apremio económico
requiera de “otros salvavidas” de parte del municipio, bajo votación del cuerpo
de concejales.
La parte demandanda, representada por la abogada Patricia Jara,
acudirá a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo, además dilatar el
proceso judicial y con ello, ante otra eventual derrota judicial en la
instancia superior, enfrentar los pagos en un mejor escenario económico.