Sorpresa
causó esta semana, la revelación de la directora de Presupuesto
(Dipres), Javiera Martínez, quien en la cuenta pública del Ministerio de
Hacienda, realizada en mayo, informó que el actual presupuesto contenía
importantes cambios, como la flexibilización del gasto público de los
gobiernos regionales (ver nota superior).
El
consejero regional Alejandro Riquelme afirmó ayer que este mecanismo se
estableció “para flexibilizar los requisitos para la entrega de plata a
fundaciones, o sea, que fundaciones que no tuvieran dos años de
experiencia, se les pudiera entregar platas igual. Y esto implicó, en
definitiva, que en lugar de tener plata para inversión, esta plata fue a
parar a fundaciones”.
– Pero eso no es ilegal…
“Si
bien se enmarca en lo estrictamente legal, es muy cuestionable que el
gobernador (Jorge) Flies haya liderado, a nivel nacional un lobby con la
directora de Presupuesto, Javiera Martínez, como ella misma lo
reconoce, al trabajar con ella para flexibilizar la entrega de platas a
las fundaciones. Uno de los grandes responsables de lo que está
ocurriendo hoy día es el actual gobernador regional”.
-¿Es lobby?
“El
gobernador trabajó en conjunto con la directora de la Dipres y como
resultado de ese trabajo, se flexibilizaron este tipo de exigencias”.
-Pero
tal vez, lo que se quería era darle mayor rapidez y eficiencia al gasto
público de los gobiernos regionales y tener mejores resultados…
“Eso
existe cuando hay un contrapeso de fuerzas y efectivamente, se puede
generar una labor de fiscalización, pero lo que estamos viendo es que el
gobernador Flies, uno, lleva dos años y no ha designado un jefe de la
Unidad de Control que es independiente de él; dos, se ha negado sistemáticamente
a entregar la información e impedir la labor de fiscalización en el
Consejo Regional y tres, en definitiva, hoy día tenemos gobernadores que
pueden entregar platas a quien quieran y cuando quieran, sin ninguna
fiscalización”.
Agregó
que gracias a ello, los gobernadores regionales traspasaron millonarios
recursos fiscales a fundaciones sin experiencia, pues ya no era
necesario contar con dos años de antigüedad para postular a recursos
públicos y, sin ningún respaldo, pues ni siquiera se exigía boleta de
garantía, “con lo cual no había forma de cautelar el buen uso de los
recursos públicos”, expresó.
Agregó
que al revisar la ejecución presupuestaria, casi todos los gobiernos
regionales, entre noviembre y diciembre, giraron la mitad de su marco
anual a través de transferencias a entidades privadas sin fines de
lucro.
Contraloría
Riquelme
recordó los dichos del contralor Jorge Bermúdez en el Congreso, donde
denunció los millonarios traspasos realizados por los gobiernos
regionales a entidades privadas sin fines de lucro en todo el país, que
fueron permitidos por esta cuestionada modificación implementada por la Dipres.
Durante
una sesión del Congreso, el contralor Bermúdez, acusó: “Entonces, aquí
tenemos un problema, porque para que el Gobierno Regional pueda
traspasar recursos de la columna izquierda (Inversión) a la de la
derecha (transferencias), necesitó una modificación presupuestaria que
autoriza la Dipres”.