Una
compleja situación se encuentra viviendo por estos días una vecina de
Punta Arenas, quien desde hace ya varios años padece una grave
enfermedad que la ha afectado en los quehaceres de su vida diaria,
dejándola prácticamente postrada en su domicilio, con fuertes dolores en
sus caderas y en el tren inferior del cuerpo, imposibilitándola de
caminar.
Es el
caso de Flor del Río Barría, de 58 años, que en 2017 fue diagnosticada
con una artritis reumatoide de alta intensidad, padecimiento que fue
integrado a los beneficios que contempla la Ley Ricarte Soto, que
establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y
tratamientos de alto costo y que posee una cobertura universal,
otorgando protección financiera a todos los usuarios de los sistemas
previsionales de salud sin importar su situación socioeconómica.
Se agrava la condición
Por
varios meses esperó que le practicaran en el Hospital Clínico de
Magallanes un examen de rayos o imagenología que permitiera ver el
verdadero estado de la enfermedad y su relación con el dolor,
agravándose su condición a tal punto de ser diagnosticada además con una
fibromialgia secundaria seropositiva refractaria a terapia y necrosis
avascular de caderas bilateral.
Esta
enfermedad es de carácter crónico e invalidante sin un tratamiento
efectivo y se extiende en sus caderas, donde hay necrosis y afectación
al tren inferior.
El
pasado 5 de octubre, la mujer fue atendida por un traumatólogo, quien
señaló la necesidad de que la paciente se someta a una intervención
quirúrgica urgente. No obstante, a la familia se le comunicó que la
posibilidad de una operación en Magallanes sería difícil ya que la
situación de cuarentena en la región ha provocado que los pabellones se
encuentren trabajando al mínimo, y la única opción es que fuese derivada
al Hospital de Puerto Montt, ya que, en dicha ciudad existe médico
especialista.
Debe esperar dos años
Para
poder concretar la derivación se solicitó una audiencia con el director
de hospital, reunión que recién se efectuó el lunes. No obstante, el
subdirector del recinto médico le expresó a la paciente que el traslado
no se podría realizar y que pese al diagnóstico, la paciente debería
esperar a lo menos dos años para que dicho establecimiento pueda llevar a
cabo el procedimiento.
“Dos
años para esperar una cirugía, con un dolor como ese, resulta
absolutamente arbitrario, pues no resiste análisis de razonabilidad y
además, resulta ilegal, por cuanto los establecimientos de la red de
salud, conforme a la ley, deben ejecutar y coordinar las acciones
tendientes a prevenir, ejecutar y rehabilitar la salud de los
ciudadanos, cosa que a nuestro cliente se le niega”, explicó el abogado
Cristian Sennas Véjar, socio de DefensaMagallanes.cl
Recurso de protección
Por lo anterior, el profesional letrado junto a la hija de la denunciante interpusieron un recurso
de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, al
considerar esta acción como arbitraria e ilegal, y al ser notificado de
aquello, el director del principal recinto asistencial de la región
sostuvo una reunión el lunes con la familia, sin que se diera una
solución concreta a esta problemática.
“Cabe
señalar que, a raíz de este recurso, nuestra cliente tuvo una reunión
ayer (el lunes) con el director del hospital, quién de acuerdo con la
versión de nuestro patrocinado, le habría señalado que no se cerraban a
buscar una solución. Actualmente no sabemos en qué consiste ésta, pero
si nos corresponde colaborar para esta se produzca, y si es acorde a la
urgencia diagnosticada, haremos todo lo posible para que ella se
concrete, por el bien de nuestra representada”, complementó Sennas.
A
partir de este momento, deberá ser la justicia la que vele por el
estado de salud de la señora Flor, debiendo determinar los ministros del
máximo tribunal de Magallanes si es que es procedente acoger la
solicitud para que se concreten todos los actos, coordinaciones y
actuaciones administrativas, sanitarias y financieras, con los demás
centros de atención, instituciones, Fonasa y para que se realice la
interconsulta y el traslado a Puerto Montt prescrito por el médico
tratante en forma urgente.