Desinformación
e incertidumbre fue lo que ayer se vivió en las calles de Punta Arenas,
cuando cientos de usuarios se acercaron a sus Cesfam y se encontraron
con la noticia de que todos los servicios públicos se habían apegado al
paro nacional propuesto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Lo mismo pasó con padres y apoderados que llevaron a sus hijos a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), los que trabajaron solo
con turnos éticos y recibiendo a los niños y niñas más vulnerables que
no tienen red de apoyo.
Las
once asociaciones que se encuentran en Magallanes, reclaman un reajuste
de sueldo de 7%, pero la última oferta que dio el Gobierno fue de 3,1%
lo que equivale a un 0,2% de reajuste a todos los funcionarios del
sector público.
En
relación a la desinformación que se generó a través de este paro la
coordinadora de la mesa del sector público regional, Alejandra
Manzanares, explicó que “no es nuestra intención causar un inconveniente
porque nosotros somos servidores públicos, estos no tomó por sorpresa
el jueves muy tarde y tuvimos que organizarnos como mesa regional al no
tener Central Unitaria de Trabajadores de Chile CUT regional y decidimos
convocar, no todos alcanzamos a nuestras distintos servicios y bases para realizar las asambleas correspondientes”, expresó.
Por
su parte, La presidenta de la asociación de funcionarios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, María Angélica Muñoz Triviño, explicó
que “hay un tema que es puntual para nosotros y es que en Magallanes
teníamos un bono anual que llegaba a las rentas más vulnerables de
11.960 funcionarios y ese bono lo perdimos en septiembre de este año”.
Respectivamente,
el presidente de la asociación de funcionarios técnicos paramédicos de
los establecimientos de salud de Magallanes, Luis Muñoz, dijo que “cada
gremio
tendrá que hacerse responsable y de informar a sus socios, yo respondo
por mi asociación y todos estaban informados y vamos a cumplir con lo
que tengamos que cumplir”.
Incertidumbre
Asimismo,
la coordinadora de la mesa del sector público regional, Alejandra
Manzanares, manifestó que en conjunto con el Gobierno se estaba
intentando firmar un protocolo en relación a “la renovación automática
de las contratas para que no todos los funcionarios públicos el 30 de
noviembre estén con el temor de no ser renovados
porque nosotros no tenemos derecho a seguro de cesantía, no tenemos
derecho indemnización por años de servicio, es una situación preocupante
y hay un protocolo en donde deben haber razones específicas por las
cuales pueden ser desvinculado”, dijo.
Hasta el cierre de esta edición no se conoce la decisión tomada por la mesa del sector público nacional.
@JesúsNieves