Este 19 de octubre venció el plazo límite para la salida voluntaria de la toma Villa Las Etnias en Punta Arenas, fijando la cuenta regresiva para el desalojo forzoso con uso de la fuerza pública programado por las autoridades para este 26 de octubre. Ante esta situación de máxima tensión, las 72 familias que aún habitan en el sector confirmaron que mantendrán la ocupación del terreno y resistirán el eventual ingreso de maquinaria pesada. La dirigencia fue enfática en aclarar que no buscan “saltarse la fila” ni pretenden que les regalen las viviendas, sino que exigen dar continuidad a las postulaciones formales iniciadas en 2023. En esa línea, recriminaron la postura del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, organismo al que acusan de interrumpir el diálogo e ignorar los compromisos adoptados en materia de gestión habitacional.
La presidenta del comité de vecinos, Mónica Rivera, fustigó el accionar del organismo estatal durante la entrega de la notificación judicial y advirtió sobre la falta de alternativas habitacionales concretas. “Serviu, que es el interesado en sacarlos de acá, no se ha pronunciado. Solamente vino a dejar el desalojo con Carabineros, PDI y la prensa. Pero antes de eso se paseaba con la asistente social diciéndole a los vecinos que tenían que irse porque venía el desalojo atrás con máquinas, siempre amenazando a la gente. Aquí tenemos 72 familias que no van a salir hasta que nos den una solución. No hemos podido dormir por la incertidumbre; si nos va mal, ingresaré otro cese al desalojo, porque ¿dónde vamos nosotros? ¿O nos quieren ver acá con carpas en la Plaza de Armas? De aquí no nos vamos a mover y estaremos hasta las últimas consecuencias”, aseveró la dirigenta, remarcando que las familias representadas cuentan con sus libretas de ahorro con años de antigüedad al día.
En el marco del conflicto social y ambiental con los sectores colindantes, los dirigentes salieron al paso de las denuncias formuladas por la vecina población Cardenal Raúl Silva Enríquez, desmintiendo categóricamente que desde Villa Las Etnias se viertan residuos o aguas servidas hacia el exterior. Explicaron que los colapsos sanitarios que provocaron en su momento el cierre del Cesfam y del jardín infantil cercano provienen de la colindante Toma Lautaro, precisando que el curso de agua que cruza por su villa corresponde a una vertiente de agua natural. Aclararon además que las 72 familias cuentan con fosas sépticas domiciliarias que históricamente han sido limpiadas con apoyo de la municipalidad.
A esta situación sumaron la grave problemática de fauna urbana que afecta al perímetro del predio, denunciando que terceros ajenos al sector utilizan el lugar como microbasural y punto constante de abandono masivo de perros.
Por su parte, Marcos Cárdenas, poblador con una década de residencia en el asentamiento, expuso la compleja realidad socioeconómica de los vecinos en un escenario regional afectado por la cesantía y la inflación. “Esta notificación fue prácticamente un balde de agua fría para todos nosotros. Acá todo lo que usted ve lo hemos construido nosotros mismos, somos todos trabajadores. Para la autoridad es súper fácil desalojar a la gente cuando están atrás de un escritorio ganando sueldos millonarios y no se ponen en los zapatos de los pobladores. Aquí no nos regalan nada, compramos bencina para los generadores y leña. ¿A dónde nos vamos a ir si los arriendos están en 500 o 600 lucas y estamos todos cesantes? Queremos que trabajen con nosotros a través de una agrupación de vivienda, es lo más lógico”, argumentó Cárdenas.
Seremi de Vivienda
En la contraparte institucional, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo Barría, ratificó el inicio del procedimiento administrativo para la restitución del predio. “Esta tarde dimos por iniciado el proceso de desalojo en Villa Las Etnias, instruido por la Delegación Presidencial Regional, el que esperamos continúe desarrollándose de forma voluntaria y ordenada, tal como ha ocurrido con los ocupantes del asentamiento Lautaro”, sostuvo la autoridad.
Según datos entregados por la cartera de Vivienda, desde la notificación concretada el pasado 17 de septiembre a la fecha, al menos 15 ocupantes han abandonado voluntariamente el sector. De un catastro total de 105 viviendas identificadas en la toma, otras siete se encuentran actualmente en proceso de desarme y cuatro permanecen desocupadas, avances que el Gobierno prevé que se incrementen en las próximas jornadas.
Finalmente, el director (s) del Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, argumentó que la medida se ajusta al marco legal de recuperación de terrenos del Estado. El directivo explicó que el procedimiento “responde a la necesidad de recuperar un terreno fiscal que permanece ocupado de manera irregular, resguardando que el proceso se realice de forma ordenada”. Villegas agregó que “continuaremos monitoreando la situación durante los próximos días, en coordinación con los distintos organismos involucrados”.
En tanto, ayer personal del Minvu llegó junto a Carabineros hasta el sector de Las Etnias, notificando que las familias tienen un plazo de 5 días hábiles para abandonar le lugar.
Pese a ello, las 72 familias movilizadas reiteraron que continuarán apostadas en el asentamiento a la espera de que se abra una mesa de negociación que suspenda el desalojo forzoso y entregue una respuesta habitacional definitiva.