Al análisis de los abogados del Gobierno Regional (GORE) se sumó el trabajo de profesionales externos a la Región de Magallanes, expertos en temas de economía. El equipo analiza por estos días el escenario jurídico actual del contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, en manos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
El trabajo se concentra en dos aristas: por una parte, está el trabajo de seguimiento que el intendente Jorge Flies y el seremi de Hacienda, Christian García, comenzaron a desarrollar al inicio del actual Gobierno. En diciembre pasado, la máxima autoridad regional ofició a la concesionaria para solicitar información sobre dos situaciones que, según el propio intendente, están prohibidas en el contrato: el subarrendamiento de espacios al interior del recinto franco y el cobro discriminatorio a los usuarios que comercializan sus productos.
La respuesta a dichos requerimientos llegó a la Intendencia de Magallanes a principios de febrero y el GORE tiene 30 días hábiles para realizar el análisis y tomar decisiones.
Una segunda arista tiene que ver con las demandas presentadas por SRI en contra del Fisco de Chile, en las que exigen que se les devuelva los montos pagados por multas y cobros realizados durante el gobierno anterior.
La primera de ellas, dada a conocer por Diario El Pingüino, fue presentada el 19 de enero, y busca recuperar las 3.300 UF que los intendentes Claudio Radonich y Arturo Storaker cobraron a la empresa como multa por la no construcción del rodoviario.
Una segunda presentación legal fue ingresada por el cobro de los $ 157 millones que hizo Radonich, en lo que SRI consideró una modificación unilateral del contrato.
Al respecto, el intendente Jorge Flies manifestó que “tenemos las dos demandas en análisis jurídico, no sólo con abogados de Punta Arenas, sino que estamos pidiendo la asesoría de equipos expertos en temas económicos. Las demandas más importantes son por cobros del ex intendente Claudio Radonich; estamos viendo desde el análisis jurídico qué posibilidades de manejo de defensa tenemos”.
Agregó que “estamos en análisis de la respuesta de SRI para ver qué se acepta y qué no”.