El encuentro duró
poco menos de una hora y media. Minutos después de las 16 horas de ayer, el
intendente de Magallanes, Jorge Flies Añón, recibió en la sala de
videoconferencias de la Intendencia a ejecutivos y abogados de la Sociedad de
Rentas Inmobiliarias (SRI), empresa que opera el contrato de concesión de la
administración de la Zona Franca de Punta Arenas.
La reunión
marcaba un hito. Se trató de la primera vez en 14 meses de administración que
Flies tuvo un encuentro cara a cara con la concesionaria, que lo había
solicitado en, al menos, cuatro oportunidades. El jefe del Gobierno Regional
(GORE) citó a la empresa tras tener en sus manos un informe final de
investigación de la Contraloría General de la República, que avalaba las
interpretaciones de la Intendencia sobre el contrato de concesión.
La conversación
giró en torno a tres ámbitos de divergencia: los montos de inversión -en el
cual, según el GORE y Contraloría existe un déficit de 124 mil UF entre 2007 y
2013-, la reinversión -sobre la cual la Intendencia detectó un déficit de 9.896
UF, punto en el que Contraloría no se pronunció- y los pagos anuales de la
concesión, que, según la administración regional, determinan una deuda de $ 150
millones entre 2007 y 2013.
“Este es un
inicio de conversación, porque no alcanzamos a agotar todos los temas que
estamos trabajando”, manifestó, a su salida, Flies. “Ellos han manifestado su
interpretación y se la hemos pedido por escrito, para estudiarla. Esperamos
juntarnos el 24 de agosto para ver si se llega a acuerdo en esta discrepancia.
Si no hay acuerdo, nos veríamos en la obligación de demandar a la empresa”.
En la discusión,
no se tocaron las situaciones referidas al subarrendamiento y el cobro
discriminatorio a usuarios del recinto, ambas situaciones prohibidas
explícitamente por el contrato y que podrían determinar el cobro de nuevas
multas.