La Universidad de Magallanes (UMAG) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con el objetivo de revertir la reciente sanción impuesta por el Consejo para la Transparencia (CPLT), la cual dictaminó una multa equivalente al 30% de la remuneración mensual del rector de la institución, José Maripani.
La sanción tiene su origen en una revisión exhaustiva llevada a cabo por el CPLT durante el año 2024, dirigida a diversas entidades de educación superior del país. Durante este proceso de fiscalización de seguimiento, el organismo identificó que la página web de la UMAG presentaba “deficientes niveles de cumplimiento” respecto a los parámetros mínimos que exige la Ley de Transparencia Activa.
Frente a la determinación del Consejo, la casa de estudios decidió judicializar el caso, argumentando que los hallazgos reportados tienen una explicación técnica y que la institución actuó con celeridad para resolverlos.
Paulina Alvarado, directora jurídica de la UMAG, explicó que los desajustes de información no se debieron a una negativa a transparentar los datos, sino que fueron consecuencia directa de la migración desde la antigua página institucional hacia el sitio web actual. Este traslado de información generó temporalmente desfases en la disponibilidad de los documentos.
Asimismo, la abogada detalló que el argumento central expuesto en el libelo presentado ante la Corte es que más del 85% de las carencias identificadas por el organismo fiscalizador fueron subsanadas de manera inmediata una vez notificadas.
“Apelando a esa reacción inmediata y a la superación de esos hallazgos, nosotros solicitamos que se aplique en el fondo un criterio de proporcionalidad de la sanción. Bajo esa lógica fue que interpusimos el recurso”, argumentó Alvarado, defendiendo el actuar de la universidad frente a los requerimientos normativos.
Actualmente, el proceso se mantiene a la espera del pronunciamiento de la Corte de alzada, tribunal que deberá revisar los antecedentes del caso y determinar el futuro de la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia.