Representantes de los principales gremios productivos del país manifestaron su creciente preocupación por la forma en que se está implementando la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), especialmente respecto a la elaboración de los reglamentos y la definición de los sitios prioritarios.
En un punto de prensa realizado ayer en Santiago, los presidentes de estos gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno para conformar mesas de trabajo multisectoriales con el fin de lograr un consenso que permita equilibrar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico del país.
La ley, que tiene como objetivo principal proteger la biodiversidad del territorio chileno mediante la creación de áreas protegidas y la regulación de su uso, ha generado controversia debido a que algunos de los sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente se superponen con áreas de derecho privado y proyectos productivos previamente autorizados. Esto podría paralizar actividades económicas clave, como la minería, la construcción y la acuicultura, que ya están en marcha en esas zonas.
En la conferencia, participaron el presidente de Sonami, Jorge Riesco; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; el presidente de SalmonChile, Arturo Clement; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Alfredo Echavarría, entre otros destacados representantes de gremios sectoriales. Todos coincidieron en que, si bien reconocen la importancia de proteger el medio ambiente, la ley debe ser implementada de manera que no ponga en riesgo la reactivación económica, la inversión y los derechos adquiridos de los sectores productivos.
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, destacó la necesidad de un “equilibrio razonable” entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, y advirtió que los actuales decretos del Ministerio de Medio Ambiente, que definen los sitios prioritarios, no han sido suficientemente analizados desde una perspectiva técnica ni consultados con los sectores productivos. La dirigente emplazó al Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático para que se incluya la opinión de las distintas carteras involucradas, como Energía, Minería y Agricultura, para evitar que las medidas del Ministerio de Medio Ambiente perjudiquen a la economía.
Desde el sector salmonero, Arturo Clément enfatizó la importancia de encontrar un “balance” entre la preservación de los ecosistemas y el desarrollo económico, asegurando que la industria salmonera, vital para la región sur de Chile, no puede verse afectada por decisiones que no tomen en cuenta las realidades locales. Además, los gremios expresaron su preocupación por la rapidez con que se están adoptando decisiones, sin los debidos análisis y consultas, lo que podría tener efectos perjudiciales para la inversión y los empleos en sectores clave.
Por su parte, Alfredo Echavarría, de la CChC sostuvo que “la institucionalidad ambiental que se ha dado en Chile es una institucionalidad para tener un razonable y justo equilibrio entre el desarrollo que el país necesita y la protección de nuestro entorno”, enfatizando que “hemos visto en el último tiempo que se ha exacerbado la mano hacia el otro lado, la cantidad de proyectos detenidos por temas ambientales es innumerable, y eso es parte de lo que explica lo estancada que está nuestra economía”.
Los gremios firmaron una declaración conjunta en la que instaron al Gobierno a extender el plazo de consulta pública sobre los sitios prioritarios, crear mesas de trabajo multisectoriales para revisar los reglamentos y garantizar que las decisiones respeten los derechos adquiridos y el espíritu original de la ley. Además, manifestaron que están dispuestos a colaborar con el Ejecutivo para encontrar soluciones equilibradas que protejan tanto el medio ambiente como el desarrollo económico del país.