La Fiscalía General de Bolivia notificó oficialmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de la recopilación y acumulación de antecedentes contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, tras admitir una proposición acusatoria impulsada por la bancada opositora del Partido Libertad y República (Libre). La acción judicial busca juzgar a las exautoridades por su presunta responsabilidad en los hechos acaecidos en el denominado caso Hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, precisó desde la ciudad de Trinidad que la acusación —liderada por la senadora Tomasa Yarhui junto a otros legisladores— atribuye a Morales y García Linera la eventual comisión de delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad. “El caso amerita un juicio de responsabilidades”, aseveró la autoridad del Ministerio Público altiplánico.
El caso Hotel Las Américas y el procedimiento legal
El antecedente se remonta al 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, cuando un operativo de fuerzas policiales irrumpió en el Hotel Las Américas, resultando en la muerte de tres ciudadanos extranjeros. En aquel entonces, el Ejecutivo de Morales acusó a los fallecidos de tramar un plan de magnicidio y promover el separatismo; sin embargo, organismos de derechos humanos y la oposición denunciaron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
En Bolivia, los juicios de responsabilidades para exjefes de Estado están regulados por la Ley 044, norma que exige un procedimiento especial. Tras la admisibilidad dictada por la Fiscalía General, corresponde elevar un requerimiento acusatorio ante el TSJ. Si el tribunal máximo avala la petición, se remitirá la causa a la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano que deberá definir mediante el voto de dos tercios de los parlamentarios presentes si se autoriza el juzgamiento de las exautoridades.