Con
“mucha tranquilidad” el fiscal nacional Jorge Abbott recibió la
resolución de la Corte Suprema donde se rechazó la solicitud de
destitución presentada en su contra por parte de un grupo de
parlamentarios. Conocida la decisión, la máxima autoridad del Ministerio
Público aseguró que “la unanimidad en la resolución da cuenta de la
falta de seriedad de la petición.
Creo que cuando se ejercen funciones
públicas hay que hacerlo con los fundamentos y con particular seriedad,
puesto que se afectan instituciones de la República que hay que cuidar”.
En
esa línea, manifestó su preocupación por el hecho de que los
legisladores han oficializado la acción en la misma fecha en que se
conocieron las penas de los controladores de empresas Penta, Carlos
Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y del exsubsecretario de Minería
Pablo Wagner, tras haber llegado a un procedimiento abreviado. “Eso fue
una verdadera amenaza a la institución respecto de la forma en que se
iba a resolver un caso en particular.
Nos parece especialmente grave que
se pretenda relativizar las decisiones que deben tomar los órganos
autónomos del Estado (…) porque de algún modo lo que se está haciendo
es presionar la decisión que deben tomar los fiscales que deben actuar
necesariamente con la mayor autonomía y es deber de las autoridades de
la República respaldar esa autonomía con la que deben funcionar los
fiscales”. sostuvo. El persecutor además aseguró haberse sentido
respaldado por la institución, y añadió que la resolución respalda la
autonomía del Ministerio Público.
“Lo que confirma el fallo y echa abajo
lo que se ha pretendido instalar como doctrina de este fiscal nacional
que es de proteger a los poderosos”. Y así argumentó: “Paradójicamente
mientras se estaba llevando adelante este proceso se estaban realizando
los alegatos de clausura relativa a la sociedad de Cascada, donde
estamos llevando a juicio a uno de los grupos más poderosos a este país
(…) Estamos prontos a iniciar la audiencia de preparación de juicio
oral de (Jaime) Orpis, de SQM, hemos actuado en contra distintos
poderes, también lo hicimos en su ocasión contra la Operación Huracán.
Es decir, no hay nadie en este país que esté sobre la ley, y también lo
estamos haciendo con la Iglesia. Es decir, las personas que cometen
ilícitos, cualquiera sea su calidad”.
Consultado sobre si volvería a
tener una reunión con parlamentarios o abogados implicados en causas
penales, respondió: “Yo tengo una obligación como autoridad pública que
es escuchar a los ciudadanos”.