El Gobierno dio por finalizado el proceso de auditoría denominado “Inspección Total”, iniciativa que revisó la gestión financiera y administrativa de más de 500 servicios públicos durante el periodo 2022-2026.
El procedimiento —que contó con el trabajo de más de mil auditores internos y el análisis de 913 millones de registros— identificó 1.529 hallazgos consistentes en desviaciones, debilidades operativas e incumplimientos normativos. Derivado de este análisis, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) recomendó instruir sumarios administrativos en 57 organismos, proceso que ya cuenta con más de 40 investigaciones internas en curso para determinar responsabilidades individuales.
Asimismo, el Ejecutivo derivó al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de cuatro reparticiones que requirieron un análisis especial: la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junaeb. En el caso de esta última, la denuncia ante la Fiscalía abarca presuntas irregularidades por $14 mil millones asociados a raciones alimenticias no entregadas.
Finalmente, la auditoría expuso deficiencias estructurales en el control y seguimiento de las transferencias estatales a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. La subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, confirmó que los resultados finales serán sistematizados en un informe que se entregará al Presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado para implementar reformas de control fiscal.