El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el Presidente de la República, Gabriel Boric, usará su facultad para revocar pensiones de gracia.
“Lo antes posible”, el Mandatario podría terminar con el beneficio que recibieron personas con antecedentes penales, dijo Monsalve.
Las palabras de Monsalve se dieron luego de participar de la comisión especial en el Congreso que revisa la entrega de dichos beneficios, luego de conocerse que un grupo de personas con antecedentes penales recibe dicho pago mensual.
“Debe existir la facultad para que los Presidentes puedan revocar pensiones de gracias cuando haya personas (beneficiadas) que hayan cometido delitos a crímenes”, aseguró Manuel Monsalve. Pero, mientras no exista, agregó el subsecretario, el Presidente Boric podrá hacer uso de facultades administrativas para terminar con dichas pensiones.
Según detalló Manuel Monsalve, “la subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales” y se llegó a la conclusión de que decisiones administrativas, como el caso de la firma de un decreto de pensión de gracia puede ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito, por razones de conveniencia.
“En la medida que se busque proteger el bien común, nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”, comentó el subsecretario del Interior.
Antes, detalló que al momento de la entrega de los cuestionados beneficios, así como en la actualidad, los presidentes de la República no tienen la obligación de revisar antecedentes penales para decidir si se entrega o no la pensión.
Como ejemplo, recordó que Sebastián Piñera entregó una pensión de gracia a una persona que estuvo condenada por homicidio.
“No creo que el Presidente Piñera, cuando firmó el decreto que le entregaba la pensión de gracia, haya tenido los antecedentes (de condena por homicidio) porque la ley no lo obligaba a tenerlos”, aseguró el subsecretario del Interior.
Renovación Nacional
Cabe destacar que ayer en horas de la mañana diputados de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, Hugo Rey y Eduardo Durán solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría a la acreditación que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para la entrega de las pensiones de gracia post estallido social.
Investigación solicitada por los parlamentarios que busca fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, relativos al pago de las pensiones de gracia y también verificar si se ajustó a las normas y principios que rigen la materia.
De no prosperar la solicitud de auditar las más de 400 pensiones, piden que se haga una auditoría de una muestra de dicho “universo”, para evaluar si “efectivamente estamos frente a irregularidades”.
Los diputados opositores agregan que, en caso de verificarse hechos constitutivos de delito, se remitan los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que se persigan las eventuales responsabilidades penales.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “podríamos estar frente a un caso ‘falsos exonerados 2’, y por lo mismo sería bueno que a la brevedad la Contraloría haga una auditoría al proceso de acreditación que hizo el INDH, órgano que ciertamente no posee la experticia para acreditar lesiones que en muchos casos habían ocurrido varios meses atrás”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Longton, mencionó que “tenemos certeza, reafirmado por los antecedentes, de delincuentes condenados que parecen haber sido beneficiados en su calidad de victimarios y no de víctimas”.
“Estamos frente a un proceso que parece estar viciado y lleno de sesgos, más si tenemos a la vista que el organismo encargado de acreditar lesiones no era el Servicio Médico Legal, sino el INDH, que a la vez era querellante o sea juez y parte, lo que no entrega garantía alguna y que la comisión asesora presidencial dejó pasar”, aseguró Longton.
El diputado Eduardo Durán, comentó que “se entregaron precisamente pensiones a personas que no merecen este beneficio” y “todo con el auspicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Mientras que el diputado Hugo Rey agregó que esperan que el “Gobierno eche pie atrás justamente a estas indicaciones y permita, con indicaciones nuevas, la posibilidad de quitarle estas pensiones de gracia a quienes han cometido delitos”.