La acción legal, interpuesta en contra de quienes resulten responsables,
explica que el expresidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro,
realizó gestiones para que una empresa ligada a su hijo ganara un
millonario contrato. Esto derivó en que el dueño de esta firma le
vendiera a este último un terreno cuyo avalúo fiscal superaba los 680
millones de pesos, pero en 75, es decir casi 80 por ciento menos de su
valor
La Corporación del Cobre (Codelco) presentó una querella criminal en
contra de quienes resulten responsables por el delito de “tráfico de
influencias”. En ella acusa que el expresidente ejecutivo de la estatal,
Nelson Pizarro, realizó gestiones para que una empresa ligada a su hijo
del mismo nombre, ganara un importante contrato con la División
Salvador. Ello derivó en que este último comprara una propiedad al dueño
de la firma en 75 millones de pesos, en circunstancias en que el avalúo
fiscal superaba los 680.
De acuerdo a la acción legal interpuesta ante el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago -y que revela Una copia la publica que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío–
todo comenzó en 2009. Ese año Nelson Pizarro Contreras -hijo del
exdirectivo- creó la Sociedad de Servicios, Asesorías e Inversiones JPM
Limitada, junto a José Julián González.
En 2014 Pizarro hijo
junto a su esposa Caterina Vernengo, contrató a la Constructora Mun2,
perteneciente a Julián González, para desarrollar un proyecto
inmobiliario en la zona Piedra Roja, comuna de Colina. El valor ascendió
a 720 millones de pesos, monto al que Pizarro padre aportó de manera
“sustancial”, señala el libelo.
Las cuentas siguen así: Pizarro padre contrató un crédito en favor de
Vermengo por más de 307 millones de pesos y el resto fue completado por
a través de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Isabel
Limitada, que esta última mantenía con su marido.
Hasta allí nada tendría de particular, salvo que en agosto de 2015,
el gerente general de la División Salvador de la cuprífera, Juan Carlos
Avendaño, contrató de forma directa a la empresa Indak -dedicada al
transporte de minerales- de propiedad de Julián González.
La adjudicación tendría sentido, ya que por esos días la Región de
Atacama sufría los embates del aluvión que dejó en marzo del mismo año
26 muertos y cuantiosos daños.
Sin embargo, la elección de Indak fue por recomendación de Pizarro
padre, quien por entonces ocupaba el cargo más alto dentro de la
cuprífera.
“Si bien el trato directo se habría justificado en esa época por
tratarse de una contratación de emergencia, la adjudicación habría
obedecido a una solicitud efectuada por el señor Nelson Pizarro al
gerente general de la División para que procediera de esa forma
contratando a Indak”, detalla la presentación.
De allí en adelante los hechos comienzan a concatenarse, dando origen al delito que imputa la estatal.
Una por otra
Por entonces, el terreno donde se realizaría el proyecto inmobiliario
de “los pizarro”, estaba en manos precisamente de José Miguel Julián, a
través de la sociedad Sociedad San José. Es así que el 1 de septiembre
de 2015 -es decir un mes más tarde de la adjudicación del contrato a
Indak- Julián vendió a Nelson Pizarro hijo y su esposa, la propiedad en
cuestión por poco más de 75 millones de pesos.
“Un detalle relevante para considerar es que la propiedad tenía el
año 2015 un avalúo fiscal fiscal de $ 684 millones 413 mil 166 pesos”,
sigue el documento. En otras palabras casi un 80 por ciento menos de su
valor.
Según Rafael Collado, el abogado querellante de la cuprífera, “Nelson
Pizarro padre había privilegiado el interés de un tercero con él
relacionado -su hijo- por sobre el interés de Codelco, ya que habría
utilizado la influencia que tenía sobre los trabajadores de la División
El Salvador -y particularmente sobre su gerente- para que se
materializara la contratación de Indak”.
No todo terminó allí, revela la acción legal, ya que Indak fue
recontratada en 2018 para las mismas labores de transporte de minerales,
beneficiando nuevamente a José Miguel Julián.
Actualmente, la indagatoria se encuentra en manos de la fiscal
oriente Constanza Encina, quien ha realizado una serie de diligencias
para determinar la participación de los imputados en los hechos.
FUENTE: BIOBIO CHILE