Consejo para la Transparencia detecta que 34 organismos públicos incumplieron entregas de información en Chile

El CPLT reveló un listado que incluye a municipios, la Corporación Santiago 2023, la PDI y el SII por no responder o entregar respuestas insatisfactorias. Infractores arriesgan investigaciones sumarias y sanciones legales.

En el marco de las obligaciones legales que rigen a la administración pública en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que al menos 34 organismos del Estado incumplieron con la Ley de Transparencia, al no entregar la información solicitada por la ciudadanía o hacerlo de manera insatisfactoria y fuera de los plazos reglamentarios.

Según los antecedentes recopilados, las instituciones que registraron un incumplimiento total en la entrega de antecedentes abarcan a las municipalidades de Longaví, Combarbalá, María Pinto y Quilicura; la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023; el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); el Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol y la Corporación Municipal de Ñuñoa.

En paralelo, el CPLT identificó una extensa nómina de entidades que respondieron de forma insatisfactoria. En este grupo destacan 13 municipios —entre ellos Viña del Mar, Ancud, Calama y Ñuñoa—, sumados al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Policía de Investigaciones (PDI), el Instituto Nacional del Deporte (IND), la Corporación Municipal de Isla de Maipo y los Servicios de Salud de Concepción y Viña del Mar-Quillota.

Sanciones contempladas y causales de reserva

De acuerdo con el Título VI de la norma, la denegación infundada o la omisión en los plazos fijados acarrea responsabilidades administrativas y potenciales sanciones, las cuales deben determinarse mediante la instrucción previa de un sumario administrativo o investigación sumaria.

Cabe recordar que la ley solo permite denegar información mediante una Ley de Quórum Calificado bajo cuatro causales específicas: la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, la vulneración de derechos de las personas (privacidad o seguridad), la amenaza a la Seguridad de la Nación o la afectación del Interés Nacional. Para ejercer el derecho de acceso pasivo, cualquier ciudadano puede ingresar una solicitud presencial o en línea en los portales correspondientes, disponiendo el organismo de un plazo legal de 20 días hábiles (prorrogables por 10 días más) para emitir su respuesta.

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