En
junio de 2016, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez,
tras seis meses notó un episodio que le llamó su atención: la rendición
de gastos reservados por parte de instituciones públicas. Bermúdez tuvo
que analizar por primera vez la forma en que las reparticiones del
Estado, como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), informan al
organismo sobre estos recursos utilizados, según publica La Tercera.
El
citado medio agrega que según conocedores del proceso, en el caso de
las instituciones castrenses, los comandantes en jefe de cada rama
acuden a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en
su interior trae la rendición -reservada y genérica- junto a una
declaración jurada. El contenido es leído, archivado y tras ello se
finaliza la revisión. Bermúdez decidió redactar el oficio reservado
45.700, que fue remitido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet el
21 de junio de 2016, para advertir la situación. En el documento se
asegura que la rendición de gastos “carece de una aplicación práctica”.
“la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como
una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los
gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita
verificar su correcto uso”, añade. El oficio detalla la forma prevista
en la Ley 19.863, promulgada en 2003, la que regula los gastos
reservados de las FF.AA. y de otras nueve instituciones públicas: la
Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la
Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de
Inteligencia.
El
informe añade que Contraloría no cumplió con la tarea de “examinar y,
eventualmente, juzgar tales cuentas” ante el Ejecutivo. Agrega que “ello
explica que, hasta la fecha, no se haya informado a la Presidencia de
la República la opinión de este organismo de control respecto
del destino otorgado a esos gastos”. La autoridad también calificó la
situación como una “debilidad normativa” y solicitó a la Jefa de Estado
ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo
acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los
gastos”.
El contralor volvió a reiterar la situación en cinco comisiones, permanentes e investigadoras del Congreso durante 2017 y 2018.