La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó este martes a los notarios Roberto Mosquera Gallegos y María Gloria Acharán Toledo, procesados por autorizar firmas sin exigir la comparecencia de sus suscriptores para patrocinar candidaturas que participaron de la elección presidencial de 2013.
Tras la formalización, ambos quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional.
Durante la audiencia, el fiscal Marcelo Carrasco expuso que los hechos se enmarcan en la infracción que describe el artículo 129 de la Ley 18.700, que sanciona al “notario que autorizare la firma o impresión dactiloscópica de un elector, sin exigir su comparecencia personal en el acto de suscripción del patrocinio a una candidatura”.
En este caso, la notaría de la imputada Acharán Toledo aparece certificando firmas para el proceso del ex candidato Tomás Jocelyn-Holt, mientras que la del imputado Mosquera Gallegos lo hace para la del ex candidato Franco Parisi.
En el caso específico de Acharán, el fiscal Carrasco entregó como ejemplos la autorización de firmas reunidas el 16 de agosto de 2013, ocasión en que la imputada no exigió la comparecencia personal en el acto de la suscripción, ni tampoco tomó los resguardos necesarios para verificar que las personas que aparecían firmando cada planilla correspondieran realmente con las identidades registradas.
Así, resultó que todas las rúbricas fueron falsas. Incluso dos de las personas que aparecen suscribiendo planillas de patrocinio estaban fallecidas.
Respecto de Mosquera, la suscripción de las planillas fue entregada a un funcionario de su notaría, quien los hacía llegar al imputado para que éste autorizara las firmas estampadas, sin que le constara la autenticidad de las mismas.
Fue un total de 2.550 personas que no estamparon su firma ante el imputado, ni éste procedió a tomar resguardo para verificar la identidad, autentificar firma ni tampoco exigir comparecencia personal en el acto de la suscripción.
Lo anterior puesto que en días de julio de 2013 Mosquera no se encontraba en ejercicio de sus funciones, a raíz de una autorización decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago para ausentarse de sus labores.
Ambos imputados quedaron con la medida cautelar de prohibición de salir del país y se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.