Durante los últimos meses tanto Chile, como el resto del mundo, la
transformación digital tuvo una importante aceleración por la crisis
sanitaria a causa del Covid-19. Ello, junto al constante y masivo uso de
las tecnologías de la información y al desarrollo creciente de la
economía digital, pone a los países del mundo en una situación de alerta
para unificar esfuerzos y mejorar los estándares de ciberseguridad.
Y es que en medio del panorama actual, los ciberataques se han transformado en “la otra pandemia”,
puesto que de forma silenciosa son capaces de vulnerar todo tipo de
organizaciones e información confidencial, dejando tras de sí una serie
de repercusiones económicas y de daño reputacional.
Durante los últimos años, Chile se ha instalado como uno de los países Latinoamericanos más propensos a ser víctimas de ciberataques.
Según cifras de NovaRed, expertos en ciberseguridad, en lo que va del
año y gatillado por la crisis sanitaria, los delitos informáticos en
nuestro país aumentaron en un 60% en comparación al anterior.
De hecho, solos los ataques del tipo phishing aumentaron en un 360% y
los del tipo ransomware en 210%. “Mientras las empresas continúan
actualizándose y acelerando su transformación digital, los ataques son
cada vez más sofisticados y los grupos criminales globales están cada
día más organizados, y en el caso de Chile, la legislación e
institucionalidad continúan al debe”, señala René Caracci, Country
Manager de la compañía.
Y es que actualmente -y desde hace años-, en Chile se trabaja en
varias leyes en paralelo, cuyo avance no ha sido tan fácil ni rápido
como se desearía. Por un lado, está el Proyecto de Ley de Delitos Informáticos, que
en marzo de este año fue aprobada de forma unánime por el Senado y
quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de
Diputados.
Por otro lado, uno de los denominados como proyectos más importantes en la materia es la Ley Marco de Ciberseguridad
que, entre otras cosas, busca proteger infraestructura crítica, hasta
ahora no ha sido enviada al Congreso. Asimismo, se encuentra el proyecto
de Ley sobre Privacidad de Datos que lleva más de seis años en el Congreso Nacional esperando ver la luz.
En esa línea es que los ciberexpertos señalan la necesidad de que el
Gobierno avance de forma más rápida. “No hay duda en que se ven avances y
creemos que van en la dirección correcta, pero la gran duda es si es que nos estamos moviendo a la velocidad que necesitamos.
Es necesario -y urgente- acelerar el tema y tener listas las
regulaciones que van a permitir que nuestro país se ponga al día en
temas regulatorios; defina una institucionalidad adecuada; ordene sus
estándares mínimos de seguridad tanto para el sector público como el
privado y; proteja nuestra infraestructura critica de una vez”, explica
Caracci.
Asimismo, desde NovaRed destacan que en las organizaciones del país
aún falta por llegar al nivel de “madurez” en ciberseguridad, lo que
considera contar con procesos adecuados para defenderse ante
ciberamenazas, además de contar con personas capacitadas, por lo que la
situación actual del país aún se torna en riesgo.
De hecho, desde la compañía concuerdan que uno de los problemas más
preocupantes es que más del 70% de las organizaciones cuenta con un
nivel bajo de madurez, que tras un ataque considera ítems como: impacto
económico; capacidad de detección y respuesta; efectos secundarios;
compromiso de la alta gerencia; continuidad de negocios.
“La tecnología nos entrega una infinidad de posibilidades para
convertirla en un aliado, pero si es que no se fortalecen las posturas
de ciberseguridad y no destinan los recursos necesarios para enfrentar
los nuevos desafíos, sin duda la tecnología puede transformarse en una
peligrosa amenaza para todo tipo de organizaciones, incluso para las
personas”, concluye el profesional.
“Mes Nacional de la Ciberseguridad”
En 2018, el país se declaró octubre como el “Mes Nacional de la
Ciberseguridad”, iniciativa cuyo objetivo es realizar diversas
actividades de fomento y ejercicios nacionales vinculados a esta
materia.
En octubre del año pasado se llevó a cabo en Chile el “Primer
Simposio de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos
(OEA)”, ocasión en la que se anunció la firma de cuatro decretos
supremos y la firma de 36 convenios con empresas del sector privado para
implementar las mejores prácticas.
Todo con la idea de que el país mantuviera una mejor
institucionalidad en la materia a través de un consejo interministerial
que podría definir políticas de Ciberseguridad tanto para el sector
público como el privado regulado, ajustado aspectos de seguridad
operacional de correos electrónicos, sitios web y controles específicos
para aumentar la seguridad de las instituciones públicas.
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