El jueves 28 de marzo, el Ejecutivo deberá ingresar indicaciones a la ley corta de isapres, para ser discutidas en la Comisión de Salud de la Cámara. Uno de los nudos del trámite está en la fórmula de cálculo de la deuda y desde el Senado emanó como alternativa la mutualización. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de dicha fórmula –que rebajaba la deuda en 780 millones de dólares respecto de lo establecido por el Gobierno– y ahora el Ejecutivo tiene menos de una semana para llegar con una alternativa que logre consenso en el Parlamento, donde no tiene mayoría.
El panorama en el Congreso, para darle salida a la ley corta de isapres, la que pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver cobros en exceso, no es muy esperanzador. Parlamentarios advierten que el trámite en la Cámara seguramente va a derivar en una comisión mixta para despachar la ley. Esto, sin embargo, con los tiempos acotados, pues a fines de abril se cumple el plazo para darle cumplimiento al fallo.
La mutualización de lo adeudado por las isapres apareció como alternativa luego de que la Comisión de Salud del Senado convocara a una Comisión Técnica que ofreciera alguna respuesta para recalcular la deuda que había ofrecido preliminarmente la Superintendencia de Salud. Esta rondaba en los 1.400 millones de dólares y con esta fórmula la deuda caía a 400 millones de la moneda estadounidense.
Desde ahí que el oficialismo interpretó la mutualización como un “perdonazo” a las isapres, y la oposición, en cambio, como una alternativa que le daba estabilidad al sistema, ponía a las aseguradoras fuera de riesgo de quiebra y daba cumplimiento al fallo, pues se pagaba lo adeudado. Finalmente, en el trámite en el Senado, la oposición logró despachar el proyecto con este mecanismo incluido.
Senadores oficialistas interpusieron argumentos contra dicho artículo ante el TC y este terminó por darles la razón. Sin embargo, desde la oposición no interpretaron el fallo como una inconstitucionalidad de la mutualización, sino que lo atribuyen a que esta nació producto de una moción parlamentaria. Entonces, ahora instan al Gobierno a presentar esa iniciativa.
El RN Francisco Chahuán, quien fue parte del trámite en el Senado, sostuvo que “lo que hace el fallo del TC es transferirle la responsabilidad al Gobierno para lograr, tal como ellos han señalado, un equilibrio financiero del seguro privado de salud”.
El UDI senador Sergio Gahona fue más específico e indicó que, como la iniciativa de la mutualización correspondía a un tema de seguridad social, es una atribución específica del Presidente. “Lo que tiene que venir ahora es que el Gobierno se allane y que presente la indicación en el Congreso, de tal manera de darle viabilidad y patrocinio a la iniciativa de la mutualización”, sostuvo el senador. Voces al interior del Ministerio de Salud afirman que el Ejecutivo no se va a allanar a aquello. Más bien, durante esta semana buscará una alternativa, pero preliminarmente están por mantener lo que se ha dicho: diez años de plazo para pagar la deuda sin retiro de utilidades, a menos que esta se pague, avanzar en Fonasa con cobertura complementaria y mantener el monto de la deuda en 1.180 millones de dólares. (El Mostrador)