Esto, con el fin de incautar una serie
de documentos en el marco de una investigación por presuntos abusos
sexuales. De forma paralela, personal uniformado, también allanó la sede
del obispado de Rancagua.
Expedientes canónicos, investigaciones
previas y antecedentes que tengan relación con las denuncias contra el
grupo de presbíteros denominados como “La familia”, quienes habrían
perpetrado vejámenes contra menores de edad, fue el objetivo de personal
policial en dicha zona.
De
hecho, la Iglesia ha suspendido de sus funciones a 14 sacerdotes de la
diócesis rancagüina, presuntamente vinculados al caso.
“En Chile todos
estamos sometidos a la justicia ordinaria, todas las personas”, sostuvo
Arias a las afueras del Arzobispado de Santiago. Ante la llegada del
persecutor al Tribunal Eclesiástico, el vicario judicial de la
Arquidiócesis de Santiago, Jaime Ortiz, aseguró que la irrupción de la
fiscalía en el lugar lo tomó por sorpresa, y aclaró que las diligencias
en aquel tribunal no tienen que ver con el caso de Rancagua.
Consultado respecto a
en contra de quién va dirigida la investigación de la fiscalía en
Santiago, Ortiz señaló que “como Iglesia no tenemos problemas de poder
decir datos, pero el señor fiscal pidió expresamente que se mantenga la
confidencialidad del acusado”.
El arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, quien también llegó hasta el lugar, afirmó que “el
arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación
solicitada”. “Reiteramos la disponibilidad de colaborar con la justicia
civil en todo lo que sea requerido”, agregó.