Este viernes 28 de febrero fue promulgada la ley “Chao Dicom”,
que prohibirá que cualquier deuda contraída para estudiar desde la
educación preescolar a la superior esté en el registro de sistema de
deudas comerciales morosas.
Además, obligará a eliminar de los registros a los actuales morosos.
Todo esto, para que aquellos estudiantes que poseen deudas asociadas a
su instrucción puedan acceder al crédito o al mercado laboral.
Según
detalló el sitio web de la Cámara cuando la norma fue aprobada, ésta
establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con
las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de
electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas
con instituciones de educación superior.
La nueva ley también incluye a aquellas deudas adquiridas con bancos o
instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento
a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas
por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda
contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un
servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
El texto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley,
fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos
personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán
eliminar todos los datos relacionados.
Los registros y bancos de datos no podrán comunicar:
-Todos aquellos antecedentes que digan relación con las deudas
contraídas por una persona con instituciones de educación superior en el
marco de las normas del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
-Las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras de
conformidad a la ley que creó el Sistema de Créditos para Estudios
Superiores (deudas CAE).
-Las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el
marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios
en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de
la Producción.
-Las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para
terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
La iniciativa tuvo su
origen en una moción de los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio
Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana quienes valoraron su
promulgación y puesta en vigencia.
La moción entregó como antecedentes que, según el último informe
Deuda Morosa, publicado por Dicom en el segundo trimestre del año 2018,
los deudores morosos en el país sumaban más de 4.480.000 personas.
De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es
decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en Dicom por
alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
FUENTE: BIOBIO CHILE