Cuando se tramitó en el Congreso la Ley de Educación Superior, en la administración anterior, hubo varios temas que generaron un intenso debate, como la gratuidad o las nuevas exigencias de acreditación; pero hubo una iniciativa que, desde el comienzo, concitó el apoyo de distintos sectores: crear una Superintendencia de Educación Superior que se encargara de fiscalizar a las instituciones y dar transparencia al sistema. Poco después de promulgarse la ley, el Ejecutivo dio el primer paso hacia la conformación de esta nueva institución, al nombrar -en agosto de 2018- al primer superintendente de Educación Superior: el abogado de la Universidad de Los Andes y Master en Derecho Jorge Avilés Barros
Éste debió comenzar a armar la Superintendencia desde cero y, si bien ésta empezó a funcionar legalmente en mayo recién pasado, aún se encuentra en pleno período de instalación -de los funcionarios, oficinas y hasta de internet-. "Los muebles son prestados, los nuestros los tenemos que licitar", explica el superintendente. Con todo, el debut oficial de la Superintendencia será esta semana, lo que marcará un antes y un después en el funcionamiento del sistema de educación superior en el país, ya que este organismo llega con nuevas y mayores atribuciones para supervigilar el sistema, que distan de las limitadas facultades que tenía el Ministerio de Educación para cumplir esa función
FUENTE: EMOL