Cuatro personas que integrarían una organización criminal transnacional
enfrentan un juicio oral por asociación ilícita, tráfico de migrantes,
falsificación y uso malicioso de instrumento público y usurpación de
identidad.
Los imputados, de nacionalidad peruana, están acusados de
haber trasladado, junto con otras siete personas, a ciudadanos peruanos y
ecuatorianos hasta Chile, para que obtuvieran documentación a nombre de
chilenos que nacieron en el extranjero y así ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Desde el 31 de marzo de 2014 los chilenos que desean viajar por
negocios o turismo a Estados Unidos pueden acceder a un programa
especial que les permite visitar ese país por 90 días, pero sin
necesidad de solicitar una Visa. Esta iniciativa, única en Sudamérica,
se llama Visa Waiver.
Ese mismo año, una organización criminal transnacional que operaba
desde Perú comenzó a captar a sus propios compatriotas y ciudadanos
ecuatorianos que pretendían ingresar a Norteamérica. A ellos les
cobraban dinero y los trasladaban hasta Chile, donde tras instruirlos les daban una identidad con la cual debían solicitar documentos en oficinas del Registro Civil.
Dichas identidades correspondían a chilenos que nacieron en el extranjero, pero que nunca obtuvieron cédula de identidad o pasaporte en este país. Una vez suplantados sus nombres, podían aprovechar el Visa Waiver y trasladarse a Estados Unidos.
La fiscal de Alta Complejidad, Carolina Suazo, detalló que estos
hechos configuran los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de
migrantes reiterado, falsificación y uso malicioso de instrumento
público falsificado reiterado y usurpación de nombre reiterado.
Los presuntos integrantes de esta organización criminal serían 11.
Cuatro de ellos están enfrentando un juicio oral en nuestro país y se
está a la espera de que el Estado peruano acepta la extradición de los 7 restantes.
La persecutora de la Fiscalía Centro Norte detalló además que en total hay 347 personas afectadas y agregó que contra los acusados solicitaron penas que en algunos casos llegan a los 20 años.
Hasta mayo de 2017 habría operado la organización criminal que logró
recaudar 2 millones de dólares, es decir, aproximadamente $1.380
millones.
El defensor penal público, Tomás Ducci, criticó el sustento de las imputaciones, ya que para él hasta ahora no se ha comprobado la participación de sus representados.
En esta causa además actúan como querellantes el Ministerio del
Interior y el Consejo de Defensa del Estado, quienes al ser consultados
durante un receso declinaron referirse al caso.
En cuanto a la duración del juicio, algunos intervinientes
proyectaron que debido a la gran cantidad de antecedentes que existen,
este podría extenderse incluso hasta octubre.
FUENTE: BIOBIO CHILE