El gobierno trabaja a toda máquina para presentar este lunes 29 de
diciembre su propuesta de reforma laboral ante el país, para luego
ingresarla al Congreso.
Si el martes el presidente de la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz salió del encuentro con las
autoridades de Trabajo y Hacienda, manteniendo sus críticas a la
iniciativa, el ánimo fue distinto entre los personeros de la Nueva
Mayoría, que ayer se reunieron con los ministros Javiera Blanco y
Alberto Arenas.
Algo similar ocurrió con los representantes de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), quienes se juntaron por casi cuatro horas con las
autoridades.
“Hemos avanzado en cosas que esperábamos avanzar. Aún tenemos temas
pendientes con el Ejecutivo que de no resolverse en el marco de estos
días, evidentemente, serán materia de debate en el Parlamento, pero sin
duda, podemos decir que se ha avanzado”, dijo al término de la cita la
presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
PUNTOS CLAVE
Figueroa detalló que el derecho a huelga se hará efectivo sin
reemplazo interno ni con trabajadores externos. “Hemos avanzado en una
materia de alta sensibilidad”, agregó.
Respecto de la titularidad sindical, señaló que el Ejecutivo se abrió
a una fórmula, en la que si el empleador quiere extender los beneficios
de la negociación colectiva a los trabajadores que no están
sindicalizados debe hacerlo con la anuencia del sindicato. “Eso le
devuelve un derecho esencial a la organización sindical, que para
nosotros era tan fundamental”, acotó.
En cuanto a la negociación interempresa, Figueroa dijo que deberá
darse en los marcos de la empresa y bajo la norma reglada, es decir, con
titularidad. En este punto aún hay matices que podrían ser saldados en
el Congreso.
En materia de pisos de negociación, la líder de los trabajadores
indicó que no han logrado la apertura que esperaban por parte del
Ejecutivo. Los trabajadores aspiran a que dicho piso sea en base al IPC.
“Es una materia que nosotros vamos a seguir discutiendo en el
Parlamento”, añadió.
Respecto a eventuales cambios al artículo 161 (despido por
necesidades de la empresa), según la dirigente, se establece que va a
haber un proceso de tutela de Derecho, y, por lo tanto, habiendo una
presunción de que el trabajador fue despedido arbitrariamente por acción
sindical, esa materia va a ser abordada y se puede llevar a tribunales,
donde el peso de la prueba recaerá en el empleador, quien deberá
demostrar que la desvinculación no fue una práctica antisindical. El
trabajador podría incluso ser reintegrado a su labor.
LOS DISENSOS
“No podemos decir que hay coincidencia plena con el proyecto que el
Ejecutivo va a enviar porque eso no es así. No estamos de acuerdo con la
ampliación de materias en el proceso de negociación”, aseguró Figueroa.
A su juicio, la propuesta del gobierno “abre una compuerta para que
los empleadores puedan usar subterfugios en materia de abordajes de
debate con la organización sindical”. Y es que todos los temas pueden
ser negociados, ya que se facultará a las partes para negociar pactos de
adaptabilidad.
Además, los trabajadores lograron incluir una cláusula de género: en
todas las negociaciones debe haber una mujer, sea o no dirigenta
sindical.
Por último, en relación al artículo 384 (prohíbe que las empresas
estratégicas se vayan a huelga), Figueroa dijo que se requerirá un
cambio Constitucional.
TRAMITACIÓN
Durante la reunión con los legisladores de la Nueva Mayoría, los
parlamentarios celebraron que se haya cumplido con los plazos y que se
hubiesen considerado los puntos expuestos por la CUT. Además, valoraron
el hecho de que el gobierno hubiese sorteado las presiones de la derecha
y de los empresarios que el fin de semana pasado reforzaron sus
críticas.
Tras este paso, y una vez que el proyecto en cuestión ingrese al Congreso, esperan que tenga una tramitación rápida.
Para lograr ese objetivo hubo llamados a evitar “ponerse creativos”
con matices e indicaciones que no estén contempladas en el proyecto, o
que violenten su espíritu.
En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de evitar divisiones
entre la Nueva Mayoría y la CUT, para que la tramitación de la reforma
no sea “traumática”.
Asimismo, acordaron afinar y coordinar la estrategia comunicacional
de la reforma bajo los siguientes criterios: señalar que es útil para el
trabajo, es beneficiosa para la clase media y no afecta el empleo. Así,
se hará un despliegue territorial en todas las regiones para defender
la iniciativa.
Lo que buscan los dirigentes de las colectividades oficialistas es
evitar una nueva pugna como la que generó la reforma educacional;
tampoco quieren repetir la batería de indicaciones como las que tuvo la
reforma tributaria, y la baja en el respaldo ciudadano que generaron
ambos proyectos.
(Fuente: www.latercera.cl)