El Gobierno decidió hacer uso de sus atribuciones constitucionales para insistir en la tramitación de la reforma constitucional para la expulsión de migrantes, luego de que la iniciativa fuera rechazada en general por tan solo un voto de diferencia en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre.
A través de un oficio formalizado este martes, el Presidente José Antonio Kast activó la herramienta contemplada en el artículo 68 de la Constitución Política, procedimiento que habilita al Mandatario a solicitar que un proyecto desechado en su cámara de origen sea remitido al Senado para reevaluar la idea de legislar.
Plazos de privación de libertad y quórum en debate
El proyecto de ley busca modificar el límite actual de cinco días fijado para concretar una expulsión administrativa, ampliando el plazo a un rango de entre 5 y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos oportunidades, lo que podría extender la privación de libertad preventiva hasta un máximo de 180 días. Asimismo, habilita la creación de recintos especiales de retención bajo regulación estatal.
La votación del 22 de septiembre obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedándose a un voto de los 89 requeridos debido a ausencias parlamentarias y licencias médicas en las bancadas oficialistas. Tras el ingreso del oficio presidencial, el diputado socialista Raúl Leiva solicitó aclarar el quórum de aprobación que se exigirá en el Senado. De conseguir el respaldo de la Cámara Alta, el proyecto retornará a la Cámara de Diputados para continuar de forma regular su discusión legislativa.