El Ministerio de Justicia pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) requerir ante tribunales civiles la disolución de la Fundación Democracia Viva.
Esto, por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades.
La resolución se da luego un proceso de fiscalización iniciado el 22 de junio pasado, tras las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de convenios entre la entidad privada y la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta.
En el marco de la fiscalización, se recopilaron antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la municipalidad de Ñuñoa y de la propia fundación Democracia Viva.
En la investigación, se detectaron faltas de carácter estatutario y legal, las que fueron cometidas por el directorio de la Fundación, por lo que hace “necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica”, aseguraron desde el Ejecutivo.
Pero eso no es todo, ya que se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil. De igual manera, se detectaron problemas en convenios celebrados con la seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
En particular, desde Gobierno aseguran que el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, “persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”.
Lo anterior permite concluir que la Fundación Democracia Viva ha incurrido en la hipótesis de causal de disolución de la personalidad jurídica establecida en el artículo 559 letra c) número 1) por los numerosos incumplimientos estatutarios detectados durante la fiscalización, que importan una infracción grave a sus estatutos.
Y en el artículo 559 letra c) número 2), por la imposibilidad de desarrollar su objeto social, lo que hace inviable su existencia en la vida del derecho, ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta.
En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró el oficio contra Democracia Viva, asegurando que la relevancia del mismo, sobre todo para el Ejecutivo es que en él “se encuentra concebida la doctrina” que el ministerio ha establecido para, de aquí en adelante, cualquier identidad sin fines de lucro “y los efectos que puede producir el desnaturalizar el uso de las mismas para propósitos diferentes para los cuales no solo fueron establecidas por sus estatutos, sino por los cuales la ley las califica como entidades sin fines de lucro”.
Denuncian nuevo caso de fundación arrendada en Biobío
En las últimas horas, en tanto, se conoció que la funcionaria Tamara Vidal del Gobierno Regional del Biobío denunció ante Contraloría la existencia de antecedentes que evidencian que la Fundación Bonhomía fue presuntamente arrendada y que en 2022 recibió 356 millones de pesos por ejectuar el proyecto “Biobío vive sano”.
Vidal atraviesa un sumario administrativo dentro del organismo por los hechos que dieron origen al “caso convenios” tras su autodenuncia. Y ahora, en complemento de esa denuncia, entregó los nuevos antecedentes.
Según su abogada, Katherine Figueroa, en este caso “habrían hechos de la misma naturaleza que las otras fundaciones en términos de irregularidad”, como el caso de la cuestionada “En ti”, donde el encargado entregó un documento al GORE comunicando que el poder del organismo se traspasaba a otra persona para representarlo y ejecutar el proyecto, “por lo tanto las infracciones serían esencialmente las mismas”.
En la revisión de antecedentes que se realizó dentro del Gobierno del Biobío, se detectó la sobrevaloración de productos y la falta de evidencia de que se ejecutó el proyecto prometido efectivamente.
En detalle, el análisis de la rendición de cuentas de “Biobío vive sano” evidenció que casi el 90% de los recursos -cerca de 290 millones de pesos- fueron rendidos con facturas entre Sebastián Mizón Hidalgo (actual representante) y su hermano, Benjamín Pavón Hidalgo, representante legal de la empresa Luz Verde SPA, que tiene como giro “producción de publicidad”.
El administrador regional del Biobío, Iván Valenzuela, informó que todos los antecedentes forman parte de la investigación y “toda la información en nuestro poder” ya fue entregada ante el Ministerio Público, aclarando que la fiscal a cargo “ha decretado la reserva de la investigación”, declinando pronunciarse ante los hechos conocidos.
Respecto a Tamara Vidal, “ella sigue siendo funcionaria del gore regional, pero está en un proceso de investigación sumaria”, enfatizó.
Tamara Vidal, funcionaria denunciante, afirmó poner “en alerta muchas veces a mis superiores de muchos hechos irregulares que estaban aconteciendo y de los cuales ellos eran efectivamente testigos”.
“Quizás mi forma de hacerlo público e informarlo no era la mejor, no envié un correo electrónico, mandé un WhatsApp o informé verbalmente y no dejé un respaldo. Pero efectivamente muchos de los hechos que hoy día son de connotación pública fueron informados”, defendió.
Así mismo, manifestó creer que ella “representa a muchos otros funcionarios que no hablan por medio a perder sus trabajos, soy el hilo más delgado, no tengo un cargo superior”.